Revista Trabajadores

Haití se escribe con la hache que... Con hache de Hernández

2010-01-28T15:59:00.000-08:00

Le tocó a este país iniciarse con la letra muda, la letra que no se oye pero que está. Con la hache de país herido por los cuatro costados. De tierras, viviendas y naturaleza hundida. De huesos esparcidos entre amasijos de hierros y cascotes. «Caravanas de cuerpos abatidos. / Todo vendajes, penas y pañuelos: / todo camillas donde a los heridos / se les quiebran las fuerzas y los vuelos».

Con la hache del humo que sale de tanto escombro y de las hogueras que se prenden para iluminar quién sabe qué. Con la letra de hospital, aunque sean edificios sin paredes ni techos repletos de hijos, hijas, hermanos y hermanas. Con hambre del superviviente. Con hache de Haití. De Hiroshima. De hecatombe.

Con hache de hurtos antiguos y continuados. «Y no hay espacio para tanta muerte, y no hay madera para tanta caja», pues se la llevó Europa para construir muebles y portones de palacios y monasterios.

Con la hache que representó -y nunca se perdonó- la herejía de romper las cadenas de su esclavitud y hacerse país. Con hache de hostilidad y humillación fue tratado siempre por quienes hoy llegan dispuestos a salvarlos.

Con hache de hipocresía: se finge solidaridad con un despliegue mediático de grado 7 que vende el espectáculo de la desgracia. Miente EE UU, es un ángel redentor que olvidó en pleno vuelo su pasado y disimula sus planes de futuro. Europa comprensiva endurece sus políticas inmigratorias. Se ofrecen cifras astronómicas de dinero pero muchas tienen billete de ida y vuelta. Pagarán con ellas la deuda externa que debería ser condonada, por ilegítima y odiosa. Algunos bancos publicitan sus cuentas corrientes humanitarias porque ahora ya tienen mucha experiencia en rescates. A ellos los rescataron. Mientras otros bancos almacenan en sus arcas los fondos del narcotráfico que pasa por Haití o los 900 millones de dólares del conocido clan de los Duvalier, los piratas de Caribe. «Empuñan crucifijos y acaparan tesoros / que a nadie corresponden sino a quien los labora».

Con la hache de quien hace 100 años nació y fue condenado a morir por escribir esos versos inmortales. Para ser -por qué no- también la voz y el «viento del pueblo» haitiano y que reviente en el aire con sus verdades: «Vuestra sangre, vuestra vida/ no la del explotador/ que se enriqueció en la herida/ generosa del sudor. / No la del terrateniente/ que os sepultó en la pobreza, / que os pisoteó en la frente, / que os redujo la cabeza».

Haití, con hache de Hernández, de Miguel Hernández. Con la hache, compartida, de héroes. De honor que no derrumba ningún terremoto. Con la hache de hermandad y humildad de otros pueblos que lucharán junto al pueblo haitiano contra el olvido. Con hache de historia nueva y restauradora hecha por sus hombres y mujeres.

Con hache de horizonte.

Gustavo Duch Guillot
El Correo Vasco

Trabajadores presentan denuncia referida a la grave crisis eléctrica

2009-11-18T18:39:00.000-08:00

2009-11-18T18:06:00.000-08:00

Quito, 18 de noviembre de 2009

Doctor
Washington Pesántez Muñoz
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
En su Despacho

Muy cordialmente:

Los ciudadan@s abajo firmantes, por nuestros derechos y como representantes de varias organizaciones sociales legalmente reconocidas, en conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, acudimos a Usted, con la siguiente denuncia:

Desde hace algunas semanas, el Ecuador experimenta una grave crisis de provisión de energía eléctrica que está afectando el desarrollo productivo a nivel nacional, así como un conjunto de actividades: familiares, profesionales, individuales, culturales, recreativas; generando incuantificables perjuicios económicos al propio Estado, como a los sectores: empresarial público y privado, a los trabajadores, comunidades, y a toda la población del país, sin distinción. Los racionamientos de energía eléctrica que impiden el normal desarrollo de la sociedad, además, han ahondado los niveles de inseguridad y violencia pública, han incrementado el desempleo y el subempleo; y constituyen evidentes violaciones a la Constitución de la República del Ecuador, a los derechos de los consumidores, a la soberanía económica del país, a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, al Plan Maestro de Electrificación, y demás normativa relacionada con la provisión de servicios públicos.

Entre los objetivos de la política energética del Gobierno de Rafael Correa Delgado, se establecen principalmente los de: “garantizar el desarrollo energético del país bajo los lineamientos de seguridad, soberanía y autosuficiencia energética nacional, uso sustentable de los recursos naturales con responsabilidad social y protección del medio ambiente; uso racional y eficiente de la energía primaria y secundaria; provisión energética eficiente y de calidad; incremento de la cobertura energética a precios socialmente justos y; elevación de los estándares de vida de la sociedad ecuatoriana”

Señor Fiscal, la crisis eléctrica se reedita en el país, luego de más de una década de que creíamos superada esa tara de la llamada “larga noche neoliberal”, y en circunstancias en que el Gobierno Central, ha contado como nunca antes con recursos económicos suficientes, y con excedentes monetarios, producto del incremento del precio del petróleo desde el año 2006, hasta la presente fecha. Además de contar con el incondicional respaldo de todos los estamentos y funciones del Estado, que han actuado junto al gobierno, creando incluso discrecionalidades jurídicas únicas, como es el caso de una serie de adjudicaciones contractuales en forma directa, bajo el argumento de la emergencia para garantizar el “desarrollo” del país.

Las autoridades y ex autoridades directamente relacionadas con el manejo del sector eléctrico, son las siguientes: Alexsey Mosquera, ex Subsecretario de Electrificación y ex Ministro de Electricidad y Energías Renovables, Jorge Glas Espinel, ex Presidente y ex Gerente del Fondo de Solidaridad; Esteban Albornoz Ventimilla, Ministro de Electricidad y Energías Renovables y Presidente del Consejo Nacional de Electrificación – CONELEC; Edgar Ponce, Vicepresidente del CONELEC; y los vocales: Xavier Abad y Michael Mera, delegados del Presidente Rafael Correa; René Ramírez, representante de SENPLADES; Juan Medina y Jorge Almeida, representantes de las Cámaras de la Producción; Diego Ormaza, representante alterno de los trabajadores eléctricos; Fernando Izquierdo Tacuri, Director Ejecutivo del CONELEC; y Francisco Vergara, Presidente del Directorio del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE.

Normativa relacionada

La Constitución de Montecristi, en su Art. 11, numeral 1 establece: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.”

El mismo artículo constitucional en el numeral 9, señala: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.”

El artículo 249 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece que es responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos, entre ellos la fuerza eléctrica; servicio que debe ser prestado bajo su control y regulación y respondiendo a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; velando porque sus precios o tarifas sean equitativos;

El artículo 313 de la Constitución, señala: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos. [...] El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.

Según la Constitución de la República: “El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y DESCUIDO EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS que estén a su cargo…”… “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpora”.

La Constitución de Montecristi, en el Art. 280, señala: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del Presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

La Constitución del Ecuador, en el artículo 326, numeral 15, señala: “Se prohibe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones…”

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, en el Art. 1, Deberes del Estado, establece: “El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación.”

El Art. 5, literal (a) de la misma Ley, señala que uno de los objetivos del Estado, es “Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que garantice su desarrollo económico y social”.

El Art. 5, literal (d), de la Ley Eléctrica, obliga al Estado a “Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos”.

Art. 5A, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, establece: “Corresponde al Presidente de la República, a través del Ministerio de Energía y Minas, la formulación y coordinación de la política nacional del sector eléctrico, así como la elaboración del Plan Maestro de Energía del país. Para el desarrollo y ejecución de la política del sector eléctrico, el Estado actuará a través del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.”

El Art. 13, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, señala como responsabilidades del CONELEC: a) Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política energética nacional; y, b) Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la continuidad del suministro de energía eléctrica, y en particular la de generación basado en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, promoviendo su ejecución oportuna agotando para ello los mecanismos que la Ley le concede. Para tal efecto, mantendrá actualizado el inventario de los recursos energéticos del país con fines de producción eléctrica, para ser ejecutados directamente por el Estado, con recursos propios o asociándose con empresas especializadas de conformidad con la Ley de Inversiones del Sector Público; o, concesionados de acuerdo al Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 711, publicado en el Registro Oficial No. 140 el 8 de noviembre del 2005, la Presidencia de la República asignó al Ministerio de Energía y Minas la facultad de definir las políticas de electrificación en el país en concordancia con la política nacional energética.

A través de Acuerdo Ministerial 035, del 23 de septiembre de 2008, el ex Ministro Alexey Mosquera, dispuso: “Art. 1.- Se establecen como políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo en el sector energético las siguientes: a) Recuperar para el Estado la rectoría y la planificación del sector energético; d) Formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la expansión optimizada del sector en el marco de un desarrollo sostenible; e) Promover alianzas estratégicas entre los sectores público y privado nacional y extranjero, para el desarrollo de proyectos energéticos en un ambiente de seguridad jurídica; f) Promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsar proyectos con fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica) y de nueva generación eléctrica eficiente, incluyendo la nuclear, excluyendo la generación con base a el uso del diesel”

Plan Nacional de Electrificación

El Consejo Nacional de Electrificación -CONELEC, mediante Resolución Nº 081-98 del 5 de octubre de 1998, aprobó el “PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN” para el período 1998-2007, en el que constan 18 proyectos que debieron construirse en dicho período:

Nº - NOMBRE DEL PROYECTO - POTENCIA - FECHA DE FUNCIONAMIENTO

1.- CENTRAL DAULE PERIPA 3 unidades de 71 MW cada una. Total 213 MW
En junio de 1999 debió entrar a funcionar la primera unidad.
2.- SAN FRANCISCO 230 MW - A fines de 2003
3.- MAZAR 180 MW - A fines de 2004
4.- TOACHI-PILATÓN 190 MW - A inicios de 2002
5.- MANTA 23 MW - Proyecto termoeléctrico –Dic/1999
6.- GENQUITO 42 MW - Proyecto termoeléctrico –Ene/2000
7.- ANGAMARCA 50 MW - Septiembre de 2000
8.- DELSI 50 MW - Febrero de 2001
9.- GUÁPULO 3.2 MW - Mayo de 2001
10.- APAQUÍ 44 MW - Mayo de 2001
11.- VACAS GALINDO 42 MW - Junio de 2001
12.- SIBIMBE 18 MW - Junio de 2001
13.- SALOYA 17 MW - Noviembre de 2001
14.- SABANILLA 19.9 MW - Enero de 2002
15.- TANISAGUA 50 MW - Marzo de 2002
16.- LANGOA 25.4 MW - Mayo de 2002
17.- CUYUJA 20 MW - Diciembre de 2003
18.- JATUNYACU 50 MW - Julio de 2004
TOTAL 1.267.5 MW

FUENTE: Plan Nacional de Electrificación del Ecuador, período 1998-2007

Con la construcción de los 18 proyectos eléctricos (en su mayoría hidroeléctricos) en el período 1998-2007, seguramente el país estaría recibiendo actualmente una oferta eléctrica de 1.267,5 MW, adicional, suficiente energía para contar con un servicio de calidad, optimizar recursos y evitar las enormes pérdidas económicas en tiempos de estiaje.

Plan Maestro de Electrificación 2009 - 2020
Conforme establece la Constitución y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, El Plan Maestro de Electrificación es de cumplimiento obligatorio. En el Plan elaborado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, se advierte un absoluto conocimiento de la grave situación en que se enconraban y se encuentran algunas plantas de generación térmica, así como la vulnerabilidad y los riesgos inminentes a los que estaba y está expuesta la Central Hidroeléctrica Paute. El documento elaborado por el CONELEC, en su parte pertinente dice: “La disponibilidad de la generación térmica existente es variable y depende de diversos factores, entre ellos: los períodos de mantenimiento, sean estos programados o no, disponibilidad de combustibles y vida útil de los equipos. La gran mayoría de los motores de combustión interna (MCI) tienen más de 20 años de instalación, razón por la cual sus rendimientos y factores de planta son bajos y sus costos variables de producción altos. Se espera que estas unidades salgan de servicio en forma progresiva durante los años siguientes, sea por obsolecencia o al ser desplazadas en el mercado por la incorporación de las unidades de generación más eficientes.”
En referencia a las plantas hidráulicas, y en especial a la Central Paute, en el Plan Maestro de Electrificación, se puede colegir la fragilidad y vulnerabilidad de la más grande generadora hidráulica, además de una constante baja natural de los caudales de los ríos que abastecen al embalse: “Las plantas hidráulicas más grandes se encuentran ubicadas en la vertiente amazónica, donde la época lluviosa ocurre generalmente de abril a septiembre y el período seco de octubre a marzo. Por esta razón, los mantenimientos de las plantas térmicas, preferentemente se los programa para la estación lluviosa y los de las unidades hidráulicas para la estación seca”.
El citado docuemento agrega: “La capacidad de almacenamiento de agua del embalse Amaluza de la central Paute, hace que sea considerado de regulación semanal. Esta limitación provoca dificultades en el abastecimiento eléctrico en època de estiaje ya que su producción se reduce notablemente…”
De los análisis, a los datos del período 1964 – 2008, la tendencia histórica de los caudales del Río Paute, en el sitio de la Presa Daniel Palacios, es decreciente; y, se repiten ciclos de años con caudales bajos, como se puede observar resaltado en el Gráfico 2.8. (Ver anexo al final)
El habitual estiaje de Paute se agudiza cada cuatro años. Como consta en el referido cuadro, el presente estiaje estaba anticipado y era de conocimiento de todas las autoridades del sector eléctrico y del Presidente Rafael Correa. Contrariamente a lo señalado por el Primer Mandatario y por las autoridades eléctricas, la información de las últimas décadas, señala que la presente sequía, no es “la peor sequía de los últimos 40 años”; el país ha experimentado ciclos de mayor impacto natural entre los años 2004 y 2005, cuando el nivel del embalse en Paute llegó hasta 1976 metros. El nivel aceptable es de 1990 metros.
Según revela la Revista Vanguardia, del 17 de noviembre de 2009, “El ex Ministro de Electricidad, Alexey Mosquera, dice que en diciembre de 2008 adelantó con Cuba la cesión de cupo de compra de generadores Hyundai por 150 MW. El ex funcionario dice que en la Matriz Energética hacia el 2020, diseñada en el 2007, ya se preveía el apalancamiento del sistema eléctrico nacional con generación térmica, puesto que la operatividad real de la central Paute es de 513 MW. “Todos – dice Mosquera- estaban avisados de que iba a haber problemas. Incluido el actual Ministro, pues para diciembre del 2008, él era gerente de la Corporación Electrica del Ecuador (CELEC). Recién, el 12 de octubre pasado, a partir del decreto 89, se agilitan los acuerdos con Cuba.”
En la misma publicación, el ingeniero Ricardo Buitrón, consultor del sector, dice que el Plan Nacional de Electrificación, indica que, durante la época estival, se necesitaban al menos 300 MW de generación térmica adicional para abastecer la demanda en condiciones de autonomía y sin mayores riesgos de racionamiento. Al momento Ecuador enfrenta un déficit de entre 500 y 600 MW de energía, producto de la falta de mantenimiento de las centrales de generación térmica, con unidades que superan los 30 años, cuando la vida útil es de apenas 10 años.
De la información contenida en el Plan Maestro de Electrificación PME, así como de los datos que maneja el CONELEC, las autoridades del sector eléctrico del Gobierno de Rafael Correa, estaban en la obligación y responsabilidad de cumplir con los proyectos contemplados en el PME, que responda a un crecimiento de la demanda de energía nacional, del 7.5% anual, así como al decrecimiento permanente de los caudales de los ríos, y al estiaje cíclico que se advertía se haría presente para el año 2009, con mayor fuerza, en la Central Paute.
De acuerdo a la información oficial, el país necesita instalar aproximadamente 300 Mw por año para cubrir la demanda, reemplazar la generación térmica ineficiente, y cumplir con un plan de riesgos y contingencias. Nada de eso se ha hecho en los tres años del Gobierno. No se ha incorporado un solo KW. Los mega proyectos hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair y Toachi-Pilatón, se bambolean en la inestabilidad de las alianzas estratégicas entre gobiernos “amigos”, empresas incumplidas y otras salpicadas de corrupción. Es el caso del contrato con ENARSA, que se desplomó luego de poner la pripera piedra entre el Presidente Correa y la Presidenta Cristina Fernández.. Esta primera piedra acabó costándole al Ecuador U$ 5 millones. En el caso de Toachi – Pilatón, la obra adjudicada sin licitación a Odebrech, igualmente se vino abajo, luego del colapso de San Francisco. Ahora el Gobierno deambula buscando financiamiento, en el primer caso con el Gobierno Chino, y en el segundo con el régimen ruso.
El tema de la Central San Francisco, no puede ser más aleccionador, de la falta de seriedad y responsabilidad del régimen. Las autoridades del sector eléctrico, con el Presidente de la República Rafael Correa a la cabeza, el Ministro de Energía, Alberto Acosta, y el Subsecretario de Electricidad, Alecxey Mosquera, inauguraron la planta, premiando a Odebrech con 13 millones de dólares, por arranque anticipado. Luego de pocos meses, el proyecto colapsó. Odebrech se fue del país, pero los ecuatorianos nos quedamos con una central inservible, y con una deuda que de 280 millones subió a más de 600 millones de dólares.(Fuente Cristian Zurita libro El Discreto Encanto de la Revolución Ciudadana).

El caso del Proyecto Baba, igualmente adjudicado a dedo en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, no significará ningún aporte importante para el país. Su costo de U$ 240 millones, para generar apenas 40 MW, lo ubica como una de las obras más caras, con un costo de 6 mil dólares por KW instalado, cuando el promedio regional y nacional hidroeléctrico es de U$ 1.200 el KW. Al parecer, el proyecto Baba, no estaba dirigido a la generación eléctrica, sino a transportar el agua hasta la Península de Santa Elena, para suplir las deficiencias del Proyecto Daule Peripa, y garantizar los intereses de los grandes terratenientes del sector.

INFORMACION ACTUAL DE POTENCIA
Instalados 4236,2 MW

No disponibles 1592,6 MW 106,1 San Francisco
102 Victoria II (Intervisa Trade)
85 Termoguayas
32 Anibal Santos
17 Santa Rosa

20 Otras menores

190 Interconexión Colombia
80,5 Anibal Santos y Avaro Tinajero
960 Paute (Funciona una unidad)

Disponible 2643,6 MW
Demanda De Potencia 2900 MW
Déficit -256,4 MW

DEMANDA DE ENERGÍA 17319 GWh
OFERTA EN CONDICIONES NORMALES 16690 GWh
DEFICIT EN ENERGÍA 629 GWh

La energía demandada para servicio público durante el 2007 fue de 15840,15 GWh, que fueron cubiertos de la siguente manera: Empresas Generadoras, 13221.17 GWh; generación de las Distribuidoras, 1273.90 GWh; aporte de las Autogeneradoras, 484.21 GWh; y la diferencia, 860.87 GWh correspondiente al déficit, que para cubrirlo se compra a Colombia a través de la interconexión. (Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano Año 2007. CONELEC).
Hasta junio del 2008 (Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano Primer Semestre del Año 2008) la energía demandada para servicio público, 8147.03 GWh, se logró cubrir mediante el aporte de las Empresas Generadoras: 7268.13 GWh; generación de las distribuidoras, 473.93 GWh; Autogeneradoras, 395.43 GWh; siendo completada por la interconexión con Colombia con 137.67 GWh.
El número de clientes regulados y el consumo de energía en el 2007 se distribuyó de la siguiente manera:

Total de Clientes Regulados vs. Consumo de Energía
Grupo de Consumo Promedio Anual % MWh %
Residencial 2887137 87,49% 4102609 40,73%
Comercial 327495 9,92% 2204738 21,89%
Industrial 40304 1,22% 1971293 19,57%
A. Público 473 0,01% 765456 7,60%
Otros 44730 1,36% 1027757 10,20%
Total 3300139 100,00% 10071853 100,00%
Fuente CONELEC

El déficit ha tenido que ser cubierto mediante la compra de energía a Colombia y a Perú según los datos estadísticos del CONELEC.
Importación de Energía Eléctrica

Año Energía (GWh) Importación (millones de dólares)
2003 1120.00 81.72
2004 1642.00 134.11
2005 1723.45 150.40
2006 1540.77 124.98
2007 860.87 65.68
TOTAL 6887.09 556.89

Desde el año 2003 que se comienza la importación de energía desde Colombia, se han gastado alrededor de 560 millones de dólares que hubieran significado la instalación de una central hidroeléctrica de 350 MW con una generación, durante el mismo período (2003-2007), aproximada de 12000 GWh.
Es decir, si el Gobierno de Rafael Correa hubiese observado las recomendaciones del Plan Maestro de Electrificación, solo con los recursos destinados a la importación de energía a Colombia, se habría construido como mínimo una central de generación térmica de 120 MW por año, a un costo de U$ 80 millones promedio, para contar con 360 MW, adicionales, con lo cual se habría evitado la catástrofe energética que vive el país, con las secuelas que afectan indistintamente a todos los ecuatorianos.
Desde hace muchos años, los estudios del sector energético (sector petrolero y eléctrico), recomendaron, que debido a la alta generación de residuos en la Refinería Esmeraldas, del orden del 50%, las plantas de generación térmica, fueran modificadas, para sustituir el diesel por el bunker, en consideración de que el residuo cuesta la mitad del precio del diesel, y tiene mayor poder calórico que aumenta la eficiencia de las máquinas. Conforme al reporte del Plan Maestro de Electrificación, casi el 50% de la generación térmica nacional se mantiene con diesel, producto que es subsidiado por el Estado.
¿Cuáles son las razones para que el Gobierno de Correa y los gobiernos anteriores, no hayan dispuesto la utilización del bunker en la generación térmica, con lo cual se hubiese reducido las importaciones de un producto caro como el diesel?. Este negocio: el manejo del residuo de refinería Esmeraldas, ha sido y sigue siendo uno de los mayores del sector petrolero, del cual se benefician grandes traders, que viven de la importación del Cutter Stock, diluyente que se usa para mezclar con el residuo y formar el Fuel Oil, el cual a su vez es exportado por los mismos traders. En el régimen de la Revolución Ciudadana, como ya se ha denunciado, tanto la importación del Cutter Stock, como la exportación del Fuel Oil, fue adjudicado, sin licitación a PDVSA de Venezuela.

Petición

Señor Fiscal, al amparo de las garantías constitucionales, establecidas en el Art. 11, numeral 1: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”; y, convencidos de que lo aquí descrito no escapa a su conocimiento, ni al de la gran mayoría de ecuatorianos, quienes sufrimos por igual los impactos de una crisis, que muy lejos de ubicar como responsables a la “madre naturaleza” , a “San Pedro”, o “a gobiernos anteriores”, aporta luces, para identificar a los verdaderos actores, directos e indirectos de los apagones y las tinieblas, que soporta la Patria, recurrimos a Usted, para solicitar, se hagan respetar nuestros derechos, como adicionalmente, dispone el numeral 9 del mismo artículo constitucional: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.”

De la información expuesta queda claro que las autoridades del sector eléctrico, inobservaron la Constitución de la República, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Pan Maestro de Electrificación, así como todo el capítulo de derechos de los ciudadanos, contemplados en la nueva Carta Magna y en Convenios Internacionales.

Pero, no solo se habría inobservado la normativa legal vigente, sino que además se habría actuado con negligencia, al no haber dispuesto a tiempo un plan de mantenimiento de las plantas termoeléctricas, el no haber adquirido repuestos y equipos, no haber licitado a tiempo y con responsabilidad los proyectos de generación hidroeléctrica, y no haber contratado la generación térmica de emergencia, para cubrir el incremento de la demanda de energía, y el estiaje en Paute, que estuvo previamente advertido.

Al respecto, la Constitución de la República establece: “El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y DESCUIDO EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS que estén a su cargo…”. “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpora”.

Señor Fiscal, queremos entender que la Constitución del Ecuador, es, como dice el Presidente Rafael Correa: “para todos y todas”, el artículo 326, numeral 15, señala: “Se prohibe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones…”

Por lo expuesto, los firmantes, solicitamos de Usted, disponga las investigaciones correspondientes, así como las acciones legales, que su condición le impone, para proteger y garantizar los derechos de millones de compatriotas, y sancionar a los responsables directos e indirectos de la grave crisis energética que vive el país y que está causando irreparables perjuicios económicos.

Por el respeto a la Constitución y a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas

Atentamente,

Fernando Villavicencio V.
Henry Llanes S.
Diego Cano Molestina
Ramiro Guerrero
Martha Roldós B

Los movimientos de izquierda pueden llegar al gobierno pero, sin embargo, no tienen el poder

2009-10-24T06:58:00.000-07:00

El problema se planteó en Ecuador con la elección de Rafael Correa en 2006, en Venezuela con la de Hugo Chávez en 1998, en Bolivia con la de Evo Morales en 2005... Al igual que con la elección de Salvador Allende en 1970 en Chile. La cuestión se plantea para cualquier movimiento de izquierda que llegue al poder en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llegan al gobierno no tiene el poder, porque el poder económico está en posesión de la clase capitalista (grupos financieros, industriales, bancarios, grandes medios privados, el gran comercio, etc.). Esta clase capitalista tiene el poder económico. Además, controla el Estado, el poder judicial, los ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central... En Ecuador como en Bolivia o Venezuela, si el gobierno quiere realmente cambiar estructuras, debe, inexorablemente, entrar en conflicto con el poder económico para poder poner fin al control de la clase capitalista sobre los medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el estado. En estos países, el gobierno está en conflicto con la clase capitalista pero los cambios estructurales en el ámbito económico todavía no se han realizado. Venezuela, que es el país donde los cambios están más avanzados, sigue siendo claramente un país capitalista.

Ensayemos una comparación histórica. En 1789, cuando gracias a la revolución francesa, la burguesía tomó el poder político en Francia, ésta clase ya poseía el poder económico. Antes de conquistar el poder político en 1789, los capitalistas franceses eran acreedores del rey de Francia y los propietarios de los principales mecanismos del poder económico, o sea, la banca, el comercio, las manufacturas y una parte de las tierras. Después de la conquista del poder político, la burguesía dominó totalmente el Estado y expulsó a los representantes de las antiguas clases dominantes (nobleza y clero), o las sometieron totalmente. El Estado se convirtió en un mecanismo bien aceitado al servicio de la acumulación de capital.

A diferencia de la clase capitalista, el pueblo no tiene la capacidad de tomar el poder económico si antes no accede al gobierno. La repetición para el pueblo de la ascensión progresiva hacia el poder que realizaron los burgueses en el marco de la sociedad feudal o de la sociedad de pequeña producción de mercaderías es imposible. El pueblo no acumula riquezas materiales en gran escala, no dirige empresas industriales ni bancos, ni el gran comercio ni otros servicios. Es a partir del poder político que el pueblo puede emprender las transformaciones en el nivel de la estructura económica y comenzar la construcción de un nuevo tipo de Estado basado en la autogestión.

Y es por ello por lo que es fundamental instaurar una relación interactiva entre un gobierno de izquierda y el pueblo. Éste debe reforzar su nivel de autoorganización y construir desde la base estructuras de poder popular. Esta relación interactiva, dialéctica, puede llegar a ser conflictiva si el gobierno duda en la toma de las medidas que reclama la «base». La presión del pueblo es vital para convencer a un gobierno de izquierda de que profundice el proceso de cambios estructurales que implican una redistribución radical de la riqueza en favor de las y los que la producen. Para ello, se debe acabar con la propiedad capitalista de los grandes medios de producción, de servicios, de comercio y de comunicación transfiriéndolos hacia el sector público y desarrollando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en la agricultura, la pequeña industria, el comercio y los servicios), la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva y las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que, en general, tienen un alto grado de propiedad colectiva).
Eric Toussaint
Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

¿Y quien se hace cargo del desastre?

2009-10-22T09:30:00.001-07:00

CARTA ABIERTA:

2009-10-22T09:24:00.000-07:00

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LABORALES, AL PUEBLO ECUATORIANO y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

El país está viviendo momento de gran conflictividad. Frecuentes movilizaciones sociales y populares, son la expresión de oposición del pueblo ecuatoriano a la política del gobierno de los capitalistas. Las promesas de la campaña electoral, han sido reemplazadas por la reforma que entrega los recursos naturales, agua, petróleo, gas, minerías, y los servicios como telefonía celular y electricidad a grandes transnacionales, vinculadas a los capitales imperialistas; con leyes que profundizan el modelo de acumulación capitalista, neoliberal y extractivista. Este gobierno combina entonces el neoliberalismo con el intervencionismo del Estado capitalista profundizando su carácter explotador. Es responsable de la crisis y conflictividad social, de la violación permanente de derechos humanos, constitucionales, sindicales y laborales; acción anti obrera y anti popular desarrollada en contubernio con la partidocracia y los grupos de poder económico, a los que Correa dice combatir.
La confianza depositada por sectores de trabajadores se ha ido desvaneciendo. Solamente ciertos dirigentes de las centrales sindicales, organizaciones campesinas y populares todavía creen en los cambios prometidos por Correa, hecho que desmoviliza y confunde a las bases, contribuyendo para que se profundice la política de liquidar a las organizaciones sociales y populares, entre ellas los sindicatos, para cooptarlos en unos casos o reemplazarlos en otros por organizaciones utilitarias al proyecto político de Alianza País, rompiendo con el principio fundamental de la independencia de clase.
Mediante los anti populares mandatos 2, 4 y 8; la ilegítima, inconstitucional e ilegal revisión de los contratos colectivos; los decretos ejecutivos lesivos a la jubilación patronal; el decreto 1701 que rompe el pacto colectivo libremente celebrado y divide a los trabajadores en empleados y obreros; la vigente y nefasta Ley de Empresas Públicas, la Ley de Servicio Público, la retrógrada reclasificación para los trabajadores del sector público, son decisiones políticas que buscan debilitar la organización sindical, y por ende al movimiento obrero ecuatoriano. La fusión del derecho laboral y la LOSCCA, asegura la eliminación de los derechos de los trabajadores.
La dirigencia del FUT, ha planteado pequeñas modificaciones a este decreto y ha llamado a sus organizaciones para que se sometan al diálogo, acepten integrarse a una comisión para “clasificar a trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos”. En esta práctica no hay inocencia, sino abierto afán de sostener las políticas gubernamentales, por lo tanto hay el compromiso para legitimar al gobierno. Así lo demuestra el llamado público (diario La Hora del 7 de octubre del 2009) de Edgar Sarango, Vicepresidente de la CTE a respaldar al gobierno en una movilización, pretendiendo consumar una vez más una vieja práctica de estos dirigentes: la unidad de los trabajadores con la “burguesía”; contrariando las resoluciones de las diferentes asambleas convocadas por el mismo FUT, como la del 14 de julio del 2009 en la que se resolvió: declarar enemigo de los trabajadores al gobierno de Correa, no ir al diálogo mientras no se derogue el Decreto 1701, se anule la revisión unilateral de los contratos colectivos y luchar por la unidad e independencia política de los trabajadores para defender sus conquistas y derechos.
Recordamos a los dirigentes de las centrales sindicales, que en la aplicación del Decreto 1701, se juega el futuro de la organización de los trabajadores, de su vigencia y proyecto histórico. Por tanto, exigimos abandonar inmediatamente el llamado “diálogo”, para no afectar al conjunto de los trabajadores con la aceptación de acuerdos alcanzados a espaldas de las organizaciones de base y que viabilizan la política anti obrera del gobierno.
Las bases sólo reconocerán lo que sea discutido en asambleas cantonales, provinciales y en una futura Asamblea Nacional Unitaria. Se debe respetar lo resuelto en la Asamblea del 14 de julio, no podemos caer en la trampa del diálogo de sordos, en el diálogo en que los trabajadores son interpelados y se los obliga a aceptar la criminalización de la organización y lucha social. Estos son los hechos que se derivaron del diálogo entre el gobierno y las organizaciones de los campesinos, donde se mostró de cuerpo entero la política de los terratenientes. Pretenden neutralizar la lucha popular, identificando su protesta como política de derecha, mientras el régimen aplica la política de la derecha, enquistada en los círculos “rosa y oscuro”.
El interés de la clase obrera no es mantener una que otra conquista como dádiva; su objetivo estratégico es defender el derecho de organización de todos los trabajadores; recuperar los derechos de los trabajadores públicos sometidos a la tiranía burocrática y reducidos a esclavos modernos, por la LOSCCA insistimos, la reforma laboral del sector público, busca eliminar los sindicatos, para intensificar la explotación de los trabajadores; esta política tiene íntima relación con la reforma del Estado, que direcciona la inversión pública en beneficio de los socios del gobierno de turno.
Las organizaciones abajo firmantes, convocamos a los dirigentes de las centrales sindicales e invitamos a todas las organizaciones populares a participar en el Encuentro Laboral Nacional, este sábado 24 de octubre a partir de las 9h00 en la Unión Sindical Municipal (calle Junín, entre Almeida y Montúfar); y a la gran Convención Nacional Unitaria de la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador (COCE) el próximo 14 de noviembre del 2009 en la ciudad de Cuenca.
Es hora de la democracia obrera, de la democracia de las mayorías, de la discusión democrática, la crítica y autocrítica fraternas, de pasar cuentas con el pasado sectario y burocratista, dogmático y verticalista; es el momento de la solidaridad, la fraternidad y los acuerdos entre los trabajadores del campo y la ciudad; es la hora en que la clase obrera se ponga de pie y camine al frente del pueblo ecuatoriano, para conducir sus luchas. Es el momento de luchar contra las leyes de los explotadores, contra la legislación anti obrera y anti popular, contra las leyes entreguistas. Frente a los poderes económicos y políticos de los explotadores, el camino es seguir, es aplicar la independencia de clase de los trabajadores, como arma para hacer respetar nuestros derechos y conquistas frente a los empleadores y gobiernos de turno.
HAGAMOS REALIDAD LA DEMOCRACIA OBRERA
NINGÚN INTERÉS PERSONAL O DE GRUPO ESTÁ SOBRE EL DE LA CLASE TRABAJADORA
LA LUCHA NOS DA LO QUE LA LEY Y EL PATRÓN NOS NIEGAN
CON LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES ROMPER LAS LEYES DE LOS EXPLOTADORES

Fraternalmente,

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES CLASISTAS DEL ECUADOR (COCE)

Presidente bienvenido a la política

2009-10-13T10:04:00.000-07:00

Natalia Sierra

Resultado de más de una década de luchas y levantamientos indígenas-populares, que lograron expulsar a tres gobiernos consecutivos por intentar radicalizar el modelo económico neoliberal, involucrarnos en el Plan Colombia y entregar la soberanía nacional a los requerimientos geopolíticos del estado norteamericano, se abrió la crisis de la institución estatal y con ella la posibilidad de cambiar el destino de este país. Momento político crucial para iniciar una transformación, tanto por el nivel de politización que había logrado la sociedad ecuatoriana, cuanto por el contexto regional favorable, debido a los procesos político-sociales que venían desplegándose en Venezuela y Bolivia, y de alguna manera en el resto del subcontinente.

Es en esta coyuntura que el economista Rafael Correa, en su calidad de Ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacio, aparece en la escena política nacional por su correcta posición frente al destino de las rentas petroleras. Sin embargo, esto no hace de él un dirigente político, pero sí una figura interesante para ser el candidato electoral de una alianza amplia de sectores de izquierda y centro izquierda (AP). Se hicieron los juegos en el tablero político y Rafael Correa, con el apoyo de varias organizaciones y movimientos sociales logró, en la segunda vuelta, ganar la Presidencia de la República con un discurso que respondía al deseo de cambio de la población.

Pero esta circunstancia política de ninguna manera significa que sean el presidente Rafael Correa y Alianza País, a espaldas de las organizaciones sociales y menos a espaldas del movimiento indígena, los que puedan hacer una transformación social popular real. Las transformaciones sociales son paridas por el pueblo, no por técnicos, profesionales o individuos aislados. Las transformaciones son un acto político, no un asunto de administración técnica. Parece que al Presidente y a Alianza País se les olvidó quiénes y qué fue lo que hizo posible que ahora estén dirigiendo el Estado y parece que también se les olvidó que frente al poder económico de los viejos y nuevos grupos de poder burgués-oligárquico sólo se puede oponer el poder político del pueblo organizado, no una ciudadanía abstracta y despolitizada.

Olvidó que puede costar mucho, no al Gobierno, sino a la historia política de este país. Las oportunidades de cambio son milagros escasos que tienen tras de sí largos y difíciles procesos de lucha popular, como para que irresponsablemente sean abortados por la necedad del Presidente, la miopía política de ciertos ?compañeros? de la izquierda -miembros de Alianza País- o por la ignorancia de algunos dirigentes del mismo movimiento. Necedad, miopía o ignorancia política que ahora se estrella con la realidad profunda del Ecuador.

Después de dos años de paciencia las organizaciones sociales y el movimiento indígena están recordando al Gobierno para quién y, sobre todo, con quién se tiene que gobernar si, como lo prometió en todos sus discursos, realmente quiere hacer cambios profundos en este país, es decir, caminar hacia el socialismo.

DIALOGO CONAIE – CORREA EN VIDEO

2009-10-13T09:39:00.000-07:00

DIALOGO CONAIE – CORREA EN VIDEO
Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador,
Para ver y escuchar extractos de algunas de las intervenciones de ambas partes durante el diálogo entre la CONAIE y el Presidente Correa el lunes 5 de octubre
http://www.ecuadorenvivo.com/2009100538502/reportajes/_los_indigenas_y_correa_se_dijeron_sus_verdades_.html

CONAIE: CARTA ABIERTA A LA NACIÓN

2009-09-28T09:05:00.000-07:00

El Consejo de Gobierno de la CONAIE, una sola voz, a la nación

26 de septiembre de 2009

“El supremo jefe”, pretende mentir a la nación, al afirmar que la movilización convocada por la CONAIE, es exclusiva de los indígenas. Con esta afirmación, muestra una vez más la soberbia, la prepotencia, la vanidad de creer que lo único cierto es lo que dice él y que es incuestionable su incapacidad de entender al país plurinacional y democrático.

Pretender que lo único que vale es su palabra, es absurdo, señor supremo jefe. Sus insultos no nos han llegado jamás pues somos ciudadanos ecuatorianos, somos pueblos y nacionalidades indígenas, de dignidad intacta.

Somos nosotros, los que concebimos, propusimos, defendimos y exigimos la Asamblea Nacional Constituyente pues el país necesita un cambio profundo y radical. Somos nosotros, Nacionalidades y Pueblos para quienes la palabra es sagrada, el régimen ha perdido el verdadero, rumbo del cambio y se ha orientado hacia la derecha recalcitrante.

El supremo, nos llamó infantiles, y no contestamos, pues el racismo es miserable y a eso no se contesta. Nos trató de ser 4 dirigentes a exigir garantías a la democracia y tampoco le contestamos, pues nosotros somos millones y no creemos en la democracia de las cifras sino en la de derechos.

El presidente cantó impúdicamente pidiendo que nos vayamos, sin que eso nos haya afectado porque esta es nuestra tierra y la defendemos y jamás nos iremos para que la entreguen a las transnacionales y al poder económico que ha destruido el país y que ha hecho que millones de hermanos ecuatorianos se hayan ido buscando fuera, lo que se les niega con soberbia en el país.

Nos dijo el poder que éramos locos, pero la razón es nuestra fuerza y eso lo demostramos día a día con responsabilidad. Los decretos en contra de nuestros derechos, en contra de nuestras instituciones construidas con luchas grandes y levantamientos, fueron privados de su autonomía y convertidos en botín político dado a quienes vendieron sus conciencias.

El poder no acepta que los indígenas somos actores sociales, políticos, constructores de país y no solamente votos, objetos, como nos percibían los gobiernos racistas y colonialistas de los que el régimen actual no se diferencia.

El supremo entregó concesiones mineras, y petroleras en nuestros espacios de vida, que son sagrados y fundamentales. Nuestras “Warmis” fueron discriminadas y maltratadas cuando levantaron sus voces contra la injusticia; se las ha tratado de pobres e ignorantes desconociendo que se las ha empobrecido por las políticas económicas que favorecen a pocos y discriminan a muchos.

El supremo, en derroche de racismo ambiental impuso una ley de minería que es el nuevo dios del supremo que nos llevará al holocausto.

La discriminación no es nueva para nosotros; la historia colonial y escrita por los supremos dueños del país, nos ha tratado, de ignorantes, de opositores del progreso, vagos, sin almas, ni derechos. El poder económico violento y racista nos ha querido borrar de la faz de la tierra y ahora se pretende repetir la historia. No lo lograrán.

El supremo ahora atenta nuestra dignidad en la Amazonia, sin éxito. Yo, soy amazónico, nací allí en una tierra libre, quise paz para mi gente. Las leyes de la revolución ciudadana no son leyes para nuestros pueblos.

Con las leyes del supremo, se fortalece el monstruo del poder económico; son leyes que han destruido al país y por eso reclamamos, con dignidad milenaria.

La movilización ya empezó en los páramos, en la amazonia, en los manglares, en las calles, en los espíritus de los que queremos un país plurinacional, de derechos, de todos.

Marlon Santi

CONAIE PUSHAK KURAKA

JORNADAS DE MOVILIZACIÓN CONJUNTAS

2009-09-20T17:41:00.000-07:00

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES, PROFESIONALES, CAMPESINOS Y ESTUDIANTES RESOLVIMOS FORTALECER EL PROCESO DE UNIDAD, AVANZAR A JORNADAS DE MOVILIZACIÓN CONJUNTAS Y SOLIDARIZARNOS CON LOS SECTORES EN LUCHA.
El sábado 12 de septiembre en la Escuela Politécnica Nacional tuvo lugar el Encuentro Nacional de las Organizaciones Sindicales, de Profesionales, Campesinas, Estudiantiles y Populares. Se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Las organizaciones reunidas resolvemos avanzar en el proceso de unidad nacional para la transformación social, recuperando el proceso histórico de resistencia anticapitalista y antiimperialista sobre la base de principios como la independencia de clase, la democracia obrera y la lucha social organizada y unitaria.
2. Identificamos al Gobierno Nacional como uno más de los gobiernos capitalistas, neoliberales y títere de las burguesías nacionales e imperialistas. Es por tanto el representante del enemigo de la clase obrera, de campesinos, estudiantes y demás sectores populares.
3. Convocamos a todos las organizaciones populares al Diálogo por la Vida que se realizará en la ciudad de Quito en horas de la mañana, y a la segunda movilización unitaria que realizaremos el 30 de septiembre del 2009 a partir de las 16:00 desde el IESS.
4. Nos solidarizamos y respaldamos a todas las organizaciones que se encuentran en lucha en estos momentos, especialmente con los compañeros del Sindicato de CORDISEG en el C.C. El Recreo, la Unión Nacional de Educadores, las Federaciones Estudiantiles y los Trabajadores del Sector Público.
5. Rechazamos los proyectos de ley y las leyes promulgadas, decretos y demás instrumentos del gobierno que violan y desconocen los derechos de la población como: Ley Minera, Ley de Empresas Públicas, Ley de Seguridad, Ley de Soberanía Alimentaria, Ley de Educación Superior, Ley del Agua, Ley de Comunicación, Decreto 1780, 1701 y 44.

Las Organizaciones Firmantes:
Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE), Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI), Coordinadora Nacional de Sindicatos del Sector Público, Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, Coordinadora Unitaria de Trabajadores, Colegio Médico de Pichincha, Comité de Empresa de FESTA, Comité de Empresa de CORDISEG, Vientos del Pueblo, Movimiento Barrial, Comité de Empresa SPORTEX, Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, Comité de Empresa de la Empresa de Agua Potable CETEMAAP-Q. UNE, MIR, FTLITUCE, FMDP, MAS, JSB, MSB, Polo Democrático, EMASEO, EMAPAAC, Ex trabajadores Cervecería Andina, Textil Equinoccial, Sindicato Pedro Moncayo, CEU.

Y volver, volver……….

2009-09-19T20:14:00.000-07:00

Con sorpresa los quiteños veíamos el pasado miércoles 2 de septiembre de 2009, la movilización de trabajadores, servidores públicos, profesionales, estudiantes y otros que pasábamos por allí.
Pude escuchar varias voces pero ahora son más (no es un sondeo científico, es una percepción) los que exclamaban al fin alguien esta protestando, o el quiteñisimo ¡ya era hora!, vi como otros observaban sin entender como los trabajadores gritaban consignas contra el régimen de Rafael Correa, lo cierto es que el paquete de leyes enviado a la Asamblea Nacional esta uniendo y despertando a la población.
En la marcha se pudo observar a grupos que anteriormente defendían el proyecto de Revolución Ciudadana impulsado por Alianza País, la pregunta es ¿este es el momento de la unidad para no permitir que los derechos de los ecuatorianos se conculquen? Me atrevo a señalar que hoy más que nunca esto es urgente, no podemos permitir que a nombre de combatir los privilegios se reprima derechos.
Los privilegios se deberían combatir primero en los costosos honorarios que reciben los súper asesores gubernamentales, los súper ministros o los viáticos en el ejecutivo, la publicidad de Don Vinicio Alvarado o las costosas encuestas con las que se guía la opinión pública. Combatir esas escandalosas cifras debería ser la prioridad.

Al final, lo que nos toca a los afectados por el régimen, al son de una tonada, volver volver volveeeer a las calles otra vez.

El Colegio Médico de Pichincha frente a la crisis de fármacos en el IESS

2009-09-19T13:26:00.000-07:00

“El Presidente no debería culpabilizar del problema de falta de medicamentos a los médicos y asumir de manera crítica, que este problema obedece a la ausencia de una política del Gobierno de la Revolución Ciudadana para garantizar el acceso universal a los medicamentos” Con fecha miércoles 9 de abril de 2009, en la página 20, cuaderno 2 de Diario El Comercio, en el articulo “El H. Andrade Marín no atiende en 8 áreas”, el cual se refiere a una supuesta practica de los médicos de la institución de no recetar medicamentos genéricos privilegiando los medicamentos de marca, afirmación que la realizara el Presidente Correa en su cadena sabatina, en la que además afirma que “(eso sucede) porque las farmacéuticas mandan cada año a los médicos de vacaciones a Las Vegas. Muchos médicos recetan medicinas de marca cuando las bodegas del IESS están repletas de genéricos, allí viene el descontento de la gente. Eso también es corrupción y tenemos que controlar….” Frente a esta antojadiza afirmación hecha pública, de que intereses creados estén impidiendo un correcto funcionamiento de este servicio, el Colegio Médico de Pichincha expresa lo siguiente: Que las estrategias mediáticas del Presidente de la Republica, obedecen a un claro afán de ocultar errores administrativos cometidos por colaboradores nombrados desde el ejecutivo para la administración del IESS. Que se pretende culpar a los médicos de la crisis institucional que vive el Seguro Social Ecuatoriano, que tiene su origen en la incapacidad de gestión y la ineficiencia para solucionar las exigencias que los afiliados ejercen día a día. Que los médicos del IESS tienen por norma establecida en procedimientos institucionales que se prescriban medicamentos genéricos y aquellos que quebranten la norma serán sancionados. Por tal motivo los médicos están cumpliendo desde hace mucho tiempo la norma. Además el proceso de prescripción se hace en forma electrónica y solo en emergencia se hacen recetas para ser retiradas de la farmacia de hospital. Los médicos no tiene ninguna relación con la farmacia, por lo que si se entregan medicamentos de marca es porque estas fueron adquiridas por las autoridades. Los médicos del IESS alertaron con oportunidad a la administración, sobre el desabastecimiento de productos y las consecuencias que esto provocaría. Los médicos nunca participaron en los procesos de compra, por lo que si se compraron medicamentos de marca y no genéricos, es responsabilidad de las autoridades del IESS. En el IESS no se realiza farmacovigilancia, para evaluar la eficacia post adquisición. Por lo que, no hay garantía de la calidad de los medicamentos adquiridos. Hay experiencias de varios médicos que refieren que se requiere incrementar las dosis de los medicamentos adquiridos por el IESS para alcanzar los efectos esperados. Que con fecha 27 de marzo de 2009, el Colegio Medico de Pichincha firmó la Declaratoria de Quito para garantizar un ejercicio de derechos y una práctica ética en el Acceso a medicamentos esenciales, asumiendo los siguientes compromisos, que a la vez son las políticas que el Gobierno debería implementar: 1. Actualizar y poner en práctica las políticas que tienen que ver con el derecho a la salud y el acceso a medicamentos. 2. Fomentar mecanismos de coordinación regional entre países para poder negociar en bloque los tratados internacionales, especialmente aquellos que tienen que ver con temas de patentes y de propiedad intelectual; apoyando procesos de licenciamiento obligatorio de patentes. 3. Crear los mecanismos para que se agiliten y se apliquen de forma rigurosa los procesos de control de calidad tanto para medicamentos genéricos como de marca. 4. Generar propuestas de investigación que puedan llevarse a cabo con la participación de la sociedad civil, y que busquen conocer cuál es el verdadero impacto en salud publica de las recomendaciones internacionales relacionadas con el uso de medicamentos. 5. Garantizar independencia de los intereses de la industria farmacéutica en los procesos de formación y re-certificación de profesionales, con el fin de asegurar una educación basada en la ética y el sentido crítico. 6. Promover el fortalecimiento de la sociedad civil como interlocutora válida frente a los poderes públicos y a los demás actores del campo de la salud, con el fin de construir una cultura de la transparencia. 7. Limitar al máximo los efectos negativos de la promoción sobre uso de medicamentos. Si hay corrupción, esta debería investigarse en los procesos de adquisición de fármacos, en los cuales los médicos no participaron. Nosotros, estamos seguros del compromiso ético de los profesionales de la salud y llamamos a los colegas a actuar con absoluta sensibilidad frente a la realidad de nuestro país, a defender el derecho de los afiliados al IESS a una buena atención de salud, poniendo todo nuestro esfuerzo y conocimiento al servicio del país para superar la crisis que sufrimos la mayoría de ecuatorianos.

Ecuador - Reforma educativa al revés

2009-09-19T13:00:00.000-07:00

Entre fines del XVIII y comienzos del XIX, la “educación del soberano” se constituyó en uno de los lemas más atractivos y legitimadores de los protagonistas de la Emancipación política de Nuestra América. Basta citar los nombres de Eugenio Espejo, Andrés Bello, Simón Rodríguez y el propio Libertador Bolívar para refrendar el aserto.
Ironías de la historia, en esta vuelta de siglo la degradación de la educación institucionalizada se ha convertido en acariciada meta de la mayoría de liderazgos del continente al margen de sus diferencias político/ideológicas.
¿Cómo explicar semejante involución?

Neoliberalismo y educación
A partir del shock financiero de 1982, en la práctica totalidad de países latinoamericanos, los recortes presupuestarios sugeridos/impuestos por el FMI -Fundamentalismo Monetario Internacional- orientados a que nuestras naciones liberen recursos para el pago de la deuda externa (uno de los “tributos imperiales”) se tradujeron en una correlativa caída del empleo y los ingresos del sector laboral, debilitando la capacidad de ese segmento demográfico para solventar la educación de su prole. Ni qué decir de su impacto en los estratos de subocupados y excluidos. Paralelamente a tales ajustes se multiplicaron los establecimientos privados y, por supuesto, los costos medios de la educación.
En la propia esfera educativa, los efectos más generales de la estrategia fondomonetarista -diseñada para empujar la reestructuración subordinada de nuestras naciones- fueron, por un lado, el deterioro cuantitativo y cualitativo de las opciones educacionales provistas por el Estado para los pobres; y por otro, la profundización del círculo vicioso que configuran la deficiente educación y la escasez de oportunidades.
Por cierto, bajo el neoliberalismo el deterioro de la educación no se ha circunscrito al ámbito de los establecimientos públicos sino que se ha extendido a los centros privados. ¿Por qué motivo? La proliferación de estos últimos en todos los niveles –desde parvularios hasta universidades-, agudizó el problema de la calidad de la educación (se habla incluso de un proceso de “chatarrización” de la misma), ya por la improvisación de personal directivo y docente, ya por los efectos excluyentes en el mercado laboral inherentes al modelo liberal/monetarista, ya porque la lógica mercantil que inspira al nuevo paradigma de enseñanza -la denominada educación de mercado o educación por competencias- introdujo elementos aberrantes en la formación de los niños y los jóvenes, como la actitud reverencial y acrítica al saber metropolitano, la fragmentación arbitraria del conocimiento, el pragmatismo a ultranza, el mito de la productividad, el exitismo, el clientelismo, la burocratización de la enseñanza/aprendizaje. Deformaciones a las que habría que agregar la introducción –especialmente en los establecimientos estatales- de viejos vicios de la política latinoamericana: ideologización en el peor sentido de la palabra, sectarismo, intolerancia, clientelismo e incluso violencia física y psicológica.
El paradigma de la educación por competencias, que ha venido implantándose en el Ecuador en los últimos lustros, tiene su principal raíz en la evolución deforme y subalterna del capitalismo en el país, exacerbada a partir de los 80 debido a la asunción por los distintos gobiernos de una estrategia librecambista y reprimarizante, con el consiguiente eclipse de los objetivos nacionales de largo plazo y la no-inserción nacional en un congruente proyecto de integración regional/subregional.
Coaccionados externa e internamente, o por propias convicciones retrógradas, los sucesivos gobiernos y las entidades responsables de la educación formal han optado por renunciar a una educación en función de las grandes metas de la sociedad y asumir un modelo formativo de manufactura metropolitana, modelo que, esencialmente, sustituye a la educación propiamente científica por la mera instrucción y que opera conforme a las “señales del mercado” laboral, sin reparar que el mercado capitalista no tiene un horizonte temporal y que, en razón de su filosofía hedonista, mal puede proveer de los conocimientos y los valores indispensables para comprender los inmensos desafíos en primer lugar cognitivos que plantea una contemporaneidad signada por el ostensible naufragio de la civilización del capital.
El panorama lacónicamente descrito ha venido a agudizarse en el marco del proceso político más reciente. ¿A qué aludimos?
La Revolución Ciudadana y sus reflejos en el sistema educativo
Rafael Correa, un Illinois boy´s que accediera a Carondelet a horcajadas de su habilidad con las palabras, del desprestigio de la vieja derecha oligárquica hegemonizada por el Partido Social Cristiano (PSC) y enarbolando consignas nacionalistas y bolivariano/alfaristas, luego de dilapidar los gigantescos ingresos provistos por el auge petrolero del 2007-2008 en la construcción de obras de infraestructura de discutible utilidad, en un descomunal incremento de dependencias públicas con sus respectivas “burocracias doradas” y en el tonel sin fondo de una venalidad “políticamente correcta”, se ha decidido, con el soporte de una clientela electoral sustentada en el gasto asistencialista del Estado, a radicalizar la nunca abandonada estrategia primarioexportadora y extractivista festinando las reservas naturales, energéticas, mineras y ambientales a favor de intereses imperialistas, “subimperialistas” y de comisionistas internos; así como –debilitadas las fuentes ordinarias de ingreso de divisas y para proveer de vida artificial a la dolarización- a reeditar el “endeudamiento agresivo” que inaugurara en estas latitudes un triunvirato castrense de triste recordación.
Esta “revolución” económica de corte antibolivariano impulsada por Correa y su novel tecnocracia ha venido instrumentándose con el aval teórico del neoinstitucionalismo, una variante del neoliberalismo elaborada por académicos estadounidenses –Douglas North y Joseph Stiglitz, entre los principales- y el aval del Banco Mundial y otras agencias del capital financiero internacional.
El neoinstitucionalismo aspira a limar las polarizaciones socioeconómicas extremas derivadas de la aplicación del neoliberalismo puro y duro del FMI mediante la entrega de bonos de la pobreza o para la adquisición de vivienda; y, a través de una política de intervencionismo del Estado en las organizaciones formales e informales, a remarcar el patrón de acumulación por desposesión (Samir Amin, David Harvey) que tanto favorece a la banca metropolitana y a las transnacionales.
Por cierto, el intervencionismo de marras nada tiene que ver con una estrategia nacionalista y/o socialista tradicionalmente preconizada por la izquierda latinoamericana y ecuatoriana.
En nuestro país, el modelo neoinstitucionalista –al que más convendría codificarlo como desinstitucionalista, dado el fracaso histórico del capitalismo a la luz de los intereses nacionales y populares- comenzó a aplicarse en el régimen del demócrata cristiano Jamil Mahuad (1998-2000), aunque de manera integral por Rafael Correa y su orwelliana Revolución Ciudadana.
Conforme a una ley sociológica, todo sistema de dominación político/económica se rige por pautas comunes para el control de la educación.
“Para ser eficaz –escribe Aníbal Ponce- toda educación impuesta por las clases dominantes debe cumplir tres condiciones esenciales: destruir los restos de alguna tradición enemiga; consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante; prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases dominadas”.
En lo que concierne a los niveles preprimario, primario y medio, así como a la educación prevista para las minorías étnicas, la política del actual inquilino de Carondelet se ajusta inequívocamente al modus operandi identificado por el citado pensador argentino. Pruebas al canto.
Para los establecimientos primeramente nombrados, por ejemplo, la reforma filoimperialista de la educación está siendo instrumentada tanto mediante la revisión de programas y textos para orientarlos a proveer a docentes y discentes de una visión “occidental” del mundo y de su historia, como a través de descontextualizadas, inconsultas, ilegales y punitivas evaluaciones de los docentes del magisterio público que, en los días que corren, han colocado al borde de la destitución a unos 2.600 maestros. Esta reforma regresiva se pretende afianzarla con un proyecto de Ley regulatoria de la Educación de inspiración bancomundialista, actualmente en trámite en la Legislatura, cuerpo de normas que cercenaría caras conquistas magisteriales.
El espíritu recolonizador y antialfarista de la educación que promueven Correa y su ministro Raúl Vallejo reaparece en el reciente Decreto Ejecutivo No. 1780 (publicado en el R.O. 620 del 12 de junio último), que confiere increíbles atribuciones a la Iglesia Católica para la educación de los grupos humanos originarios. Al respecto, el investigador Pablo Dávalos ha escrito: “Quizá el mejor argumento que demuestra la esquizofrenia del discurso político de Alianza País y de Rafael Correa sea el Decreto 1780 en donde se expresa, entre otras perlas, lo siguiente: ´Facúltese al ministro de Gobierno para que, a nombre y representación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, celebre un contrato con los representantes de las misiones católicas … (para) trabajar… en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado´. En el Artículo No. 1 de la Constitución Política vigente… se puede leer: ´El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico´. El Decreto 1780 demuestra que el Ecuador ya no es un Estado laico. En realidad, este decreto lo convierte en un Estado confesional. La paradoja de la historia es que el Estado confesional que ha cedido la soberanía, los territorios y sus poblaciones a las tareas de la evangelización y encomienda, ha sido realizado por un gobierno que tiene toda la fama de ser de izquierda…”
Ley SENPLADES: la ruta al oscurantismo del siglo XXI
Sin embargo, la servidumbre a los postulados recolonizadores y desarrollistas del Gran Capital por parte de la administración de Alianza País aparece de cuerpo entero en las opiniones del oficialismo. Al respecto, el propio titular del Ejecutivo habría expresado en una de sus últimos enlaces sabatinos que en el Ecuador “existen 10.000 carreras universitarias (de las cuales) muchas no contribuyen al desarrollo del país”. Añadiendo: “¿Es posible seguir subsidiando con 400 millones de dólares a las universidades para graduar desempleados?”. De esta manera, habría criticado el nivel académico de las universidades al considerarlo el peor de Sudamérica, y manifestado su deseo de transformar radicalmente la educación superior. En la misma línea de regulación autoritaria de la oferta de profesionales, el titular de Planificación, René Ramírez, se habría mostrado favorable a una eutanasia académica. Y en un rapto de voluntarismo, algún escriba del régimen defendió el proyecto del ente planificador arguyendo que nos permitiría contar con universidades de nivel primermundista. ¡Así de simple!
De manera más realista, aunque no menos peligrosa, el malinchismo del gobierno se ha expresado en su propuesta de reforma contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior elaborado, o por lo menos suscrito, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional presidida nuevamente por el oficialista Fernando Cordero.
Empero, esta es una cuestión con historia.
En “Tribulaciones universitarias” adelantamos un análisis de los nexos entre la siempre subalterna estructura económica del Ecuador y la morfología de las universidades; entidades que, al calor de un liberalismo ilustrado y del laicismo propugnados por la Revolución alfarista de 1895, así como de la influencia continental de la Reforma de Córdoba (1918), lograron se les reconozca algunos atributos para el mejor cumplimiento de sus tareas inherentes a la formación académico/profesional de los educandos y al fomento de la cultura. Aludimos a derechos como la autonomía organizativa, la libertad de cátedra y de investigación, el cogobierno… bajo los cuales y hasta tiempos no muy distantes las universidades y politécnicas lograron trascendentes logros académicos y elevada respetabilidad.
Ulteriormente esta situación cambió. La intervención incluso militar en las universidades estatales por parte de la dictadura de 1963-66 y, posteriormente, la asunción del fundamentalismo neoliberal por los sucesivos gobiernos, así como el correlativo deterioro de la socioeconomía nacional y la expansión de la matrícula, terminaron por generar bloqueos externos e internos a esos centros superiores, obstáculos que les impidieron un desenvolvimiento promisorio, salvo las excepciones de rigor.
En nuestros estudios “El desembarco invisible” y “Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades” describimos los perniciosos efectos para las universidades y politécnicas derivados de su adscripción, a partir del 2005, al neocolonialista Proyecto Tuning; al tiempo que, en el segundo de los mencionados trabajos, advertimos sobre los riesgos para los institutos superiores de la inclusión del patrón neoinstucionalista/neoliberal en la neoderechista Carta Política elaborada en Montecristi (2008), que se convertiría en el obligatorio referente para la antedicha proforma de la SENPLADES.
Al paso de pocos meses hemos tenido que reconocer, amargamente, que no estuvimos equivocados.
En efecto, una revisión de la denominada “Ley SENPLADES” ha llevado a que ratifiquemos –y ampliemos- nuestros juicios sobre el impacto del integrismo moderno en la educación universitaria; juicios críticos que los condensamos del modo siguiente:
° Dado que el sentido ontológico de la educación formal o informal no es otro que proveer de conocimientos para que la sociedad y los individuos mejoren sus condiciones de vida material y espiritual, tal sentido no puede ser apretujado en el lecho de Procusto de fundamentalismos de ningún signo y, menos aún, del integrista discurso de la globalización corporativa –con sus ejes en el “libre” mercado y la democracia electoralista- cuyos colosales fracasos han colocado en vilo al planeta y a la humanidad. Con el término globalización corporativa, aludimos a ese orden social de origen renacentista basado en la hegemonía de la dimensión económica/economicista frente a las esferas política y ética; orden que, catapultado por las fuerzas dinámicas y amorales del dinero y la ciencia positiva (tecnociencia), llegara a su apoteosis a mediados del siglo XX, apoteosis verificable en sus espectaculares logros en materia de la producción y consumo de bienes materiales (el american way of life como símbolo) y en una pretendida victoria del hombre sobre la naturaleza perceptible en los logros de la cibernética, la biología molecular, la robótica y los viajes espaciales.
° Corsi e ricorsi. El derrumbe de Wall Street el año pasado (2008) -cuyos efectos cataclísmicos no tardarán en reeditarse- y las consecuencias devastadoras sobre los recursos naturales, energéticos y ambientales -derivadas de una tecnología centrada en la explotación de los combustibles fósiles y edificada sobre la creencia en la inagotabilidad de los mismos- constituyen pruebas concluyentes del agotamiento de los Tiempos Modernos. Una consecuencia crucial de ese hundimiento es, sin duda, que la ideología y práctica del Crecimiento/Desarrollo –concomitante a la civilización del capital- ha devenido equivocada, inviable y retrógrada.
° Pues bien, semejante telón de fondo de la contemporaneidad mundial y nacional no aparece ni remotamente en la política concreta del régimen de Alianza País, que continúa apostando al desdibujado paradigma del Crecimiento/Desarrollo y que, en una suerte de fuga hacia adelante, se ha decidido por la remodelación de las actividades de los centros superiores ecuatorianos al tenor del trasnochado discurso de la globalización corporativa. No se trata de opiniones gratuitas, conforme podrá comprobarse con la lectura de los Arts. 351 y 353 de la Constitución vigente, la revisión del Plan Nacional de Desarrollo preparado por la SENPLADES y el escrutinio del antedicho Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (que, por cierto, ha recibido el respaldo de la derecha tradicional e incluso de los vilipendiados medios de comunicación).
° En efecto, el soporte conceptual de la “Ley SENPLADES” es el neoinstitucionalismo; para el caso, una postura regulatoria del mercado orientada a equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra calificada o semicalificada mediante el control vertical de la educación superior, en una aplicación de lo que Noam Chomsky denomina neomercantilismo corporativo dependiente. En la propuesta bajo análisis, la visión neoinstitucional/neomercantilista –inaugurada en los países céntricos cuando el capitalismo industrial ensayaba sus primeros pasos- cobra la forma de una vinculación subalterna e inextricable de los centros superiores al susodicho Plan de Desarrollo y a una amplia gama de principios, algunos de ellos peregrinos y contradictorios, así como a incontables disposiciones de corte reglamentario. Casi huelga señalar que la proforma de la SENPLADES, en caso de ser refrendadas por la Asamblea Nacional, convertiría a los referidos establecimientos, tanto públicos como privados, en entidades reflejas del Ejecutivo y de sus instancias de planificación y de evaluación de marcada tesitura empirista.
° El elemento medular del proyecto de la SENPLADES es que articula de modo transversal a las actividades de los institutos de educación superior con el Plan Nacional del Desarrollo que, de este modo, devendría una suerte de Biblia laica, portadora de la Buena Nueva del progreso-económico-y-social para los infieles de estas latitudes. Amén de reguladora de las resantificadas “leyes” o “fuerzas” del mercado.

° Este esquema teológico/neoinstitucionalista se viabilizaría mediante la creación de una Secretaría Técnica, un Consejo Nacional de Ciencias y una Agencia de Acreditación y Aseguramiento de Calidad, organismos superpuestos al actual Consejo Nacional de Universidades y Politécnicas (CONESUP) y controlados verticalmente por el Ejecutivo. La puesta en marcha de este organigrama supondría la etapa superior del metropolitano Proyecto Tuning, al cual identificáramos en “El desembarco invisible” como el manual para la funcionalización del tercero y cuarto nivel formativo de las naciones periféricas.

° Esta salida neoinstitucionalista/correísta a los agudos problemas de la educación superior del país y del desempleo de sus graduados, expresiones –repetimos- del capitalismo contrahecho y subalterno del Ecuador, ha generado el rechazo generalizado de las universidades y politécnicas, particularmente porque elimina de cuajo los principios de autonomía organizativa, libertad de investigación y libertad de cátedra, consustanciales no solo a la universidad latinoamericana y ecuatoriana.

° Según Francisco López Segrera: “La autonomía no es una concepción nueva. Ha sido una concepción desde el origen mismo de la Universidad. El papel autonómico de la Universidad ya se consideraba en el conjunto de leyes más antiguas sobre esta institución que aparecen en las Siete Partidas del Rey Alfonso X El Sabio (1256-1263). La Carta Magna de las universidades europeas (Universidad de Bolonia, 1988), antecedente de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, establece que la Universidad es una ‘institución autónoma’ que ‘produce, examina, valora y ofrece cultura, mediante la investigación y la enseñanza”. ¡Si quieren copiar, al menos copien algo que valga la pena! Por lo demás, la experiencia latinoamericana/ ecuatoriana ha demostrado que las universidades dan sus mejores frutos cuando las anima un espíritu libertario y de servicio a la nación.

° Un planteamiento aparentemente positivo de la Ley SENPLADES se relaciona con la intención de transformar a la actual universidad profesionalizante en una que privilegie la investigación básica. ¿Por qué aparentemente positivo? Respuesta: a) porque la realidad siempre es más compleja de lo que aparece a primera vista y b) porque más bien creemos que el referido mecanismo legal no está pensando en función de respaldar un sistema de investigación científico-técnica de signo liberacionista. Veamos al respecto lo que escribiera hace casi cuatro décadas el matemático uruguayo Mario Wschebor: “La idea básica que recorre las páginas de este libro, es la de que la política cultural del imperio es un aspecto parcial y complementario de la dominación política y económica que padecen los pueblos latinoamericanos a manos de los E.U… En realidad, el problema consiste en que el sistema capitalista ha organizado el mundo de tal modo que los frutos del progreso científico y tecnológico no son utilizables para la gran mayoría de la población del globo, y que el sometimiento de nuestra cultura es una consecuencia de esta situación, a la vez que un instrumento para mantenerla. La lucha por modificar este panorama, por lo tanto, es un capítulo de la lucha más general para sacudirnos el yugo imperialista y organizar de una manera más racional nuestros recursos. Sólo de esta manera será posible un efectivo progreso en el campo de la ciencia”.

° En relación a la libertad de cátedra declarativamente reconocida por el Anteproyecto, nos remitimos a nuestro juicio ya enunciado en este mismo texto, según el cual, en estos oscuros tiempos que vive el Ecuador, las grandes verdades sobre el hombre y su destino parece que habría que buscarlas, ya no en el discurso de las inmensas figuras de la humanidad, sino en las tediosas páginas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Realismo mágico o realismo trágico?

René Báez
Universidad Central

ECUADOR SE QUEDA SIN “JOYA DE LA CORONA”

2009-09-15T07:15:00.000-07:00

La entrega a “dedo” del Campo Sacha, el más grande del Ecuador, a la empresa mixta “Río Napo” vulnera una línea histórica de defensa de los bienes públicos, violenta la norma jurídica de protección de la soberanía hidrocarburífera, contradice groseramente lo manifestado por Rafael Correa, cuando era candidato a la Presidencia de la República, para quien en esa época, la pretendida entrega de esos campos al capital extranjero, era considerada una “Traición a la Patria”.

Los campos petroleros de la Región Amazónica Ecuatoriana denominados “Las Joyas de la Corona”, debido a su condición estratégica para el país, fueron recuperados de Texaco y nacionalizados, pasando su operación a manos de PETROECUADOR: Sacha, Shushufindi, Auca, Libertador, Lago Agrio y Cononaco, guardan las últimas reservas de petróleo liviano del país, 1.500 millones de barriles. 100 mil millones de dólares aprximadamente, solo como petróleo crudo. De esos campos Petroecuador explota 170 mil barriles día, que solo como materia prima equivale a 12 millones de dólares diarios. Desde hace 40 años, estos campos sostienen el Presupuesto del Estado (39%). Son la base de la economía ecuatoriana.

Desde hace 25 años los gobiernos que se han turnado, buscaron privatizar o concesionar las “Joyas de la Corona”, sin lograrlo por la oposición de sectores sociales, nacionalistas y de izquierda, ahora en tiempos de revolución ciudadana, se acaba de consumar lo que la derecha pretendió en las penumbras de la “larga noche neoliberal”.

CAMPO INVERSIÓN PRODUCCIÓN

M US$ M BLS

SHUSHUFINDI 88.6 25.7

SACHA 113.4 23.8

LIBERTADOR 66.5 14.7

AUCA 109.8 23

LAGO AGRIO 35.1 4.6

IMPREVISTOS 10%

TOTAL 455.049.8

Información Petroecuador 2007

DECLARACIONES DEL CANDIDATO RAFAEL CORREA EN RADIO LA LUNA AÑO 2006:

“Pero claramente la intención fue contra la Ley, privatizar los campos de Petroecuador y no se sancionó absolutamente a nadie. Quiero decirle que ese hubiera sido un motivo suficiente para mandar a su casa al Crnl. Lucio Gutiérrez. Por que eso era traición a la Patria”.

“ES UN ATRACO AL PAÍS. Yo invito al ministro de Economía, cuando quiera un debate, para hacerle ver bien las cuentas, ojalá que él tenga análisis de rentabilidad, yo los tengo, al igual que las compañías petroleras. Es UN NEGOCIO REDONDO QUE LES QUEREMOS DAR A LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS. Eso tiene que ser para el país, los campos ya en operación, los que ya están produciendo, que solo necesitan mejorar la producción con tratamiento en los yacimientos, TIENEN QUE SER CIEN POR CIENTO para los ecuatorianos”.

“Qué quieren hacer los patriotas de este país, algo para mejorar la producción petrolera, regalando los pozos a la empresa privada y, somos los nacionalistas retardatarios, los que nos oponemos a esto, con una visión estalinista de la economía. Totalmente falso. Mire, la Ley de Hidrocarburos es suficiente hace rato para hacer todo lo que quieren hacer en manos de todos los ecuatorianos. Son ellos los que han venido boicoteando sistemáticamente la actividad de Petroecuador, para decir “Que no sirve” y vender a precio de gallina enferma los campos de Petroecuador a la empresa privada”.

“Hablemos con cuentas, Shushufindi, el más grande de Petroecuador y de mejor petróleo, la joya de la corona. Sabe cuál es el plan de inversiones de las compañías, en diez años, son 396 millones de dólares, estamos hablando de menos de USD 40 millones anuales. Por cuarenta millones de dólares de inversión, ¿le vamos a pasar Shushufindi a la empresa privada? ¿Somos idiotas? …no nos vean la cara de imbéciles, por Dios.”

Análisis jurídico

La entrega de Sacha, además constituye una reedición de la adjudicación de los campos de Ancón a la ESPOL; así como: Biguno, Guachito, Mauro Dávalos y Paraíso a ENAP de Chile; y de la arbitraria entrega del campo Tivacuno a Maxus-Repsol-YPF, al amparo de un modelo contractual destinado, como su nombre lo indica a contratar: Obras, Bienes y Servicios Específicos, NO, para la explotación de petróleo, como en forma ilegal y perniciosa han hecho autoridades de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas desde hace 15 años, para entregar a empresas extranjeras campos en producción y dinero a manos lavadas.

El Art 1, de la Ley de Petroecuador, obliga a la empresa estatal a sujetarse la Ley de Hidrocarburos: “En su gestión empresarial (PETROECUADOR) estará sujeta a esta Ley Especial, a los Reglamentos que expedirá el Presidente de la República, a la Ley de Hidrocarburos y a las demás normas emitidas por los órganos de la empresa.”

La Ley de Hidrocarburos en su Art. 2, establece: “El estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior, en forma directa, a través de Petroecuador, la que podrá hacerlo por si mismo o celebrando contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. También podrá constituir compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el país.”

En referencia a la adjudicación de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, el Art. 19 de la citada Ley dispone: “La adjudicación de los contratos a los que se refiere los artículos 1 y 2 de esta ley, con excepción de los de Obras o Servicios Específicos, se realizará mediante un sistema especial de licitación, cuya forma, requisitos y procedimientos será determinados exclusivamente en el reglamento que para este fin expida el Presidente de la República, procurando diversificar la adjudicación entre empresas estatales y privadas”.

De la normativa expuesta se colige que para la adjudicación de un contrato de la naturaleza del Campo Sacha, debía procederse, como dispone el Art. 19, es decir a través de licitación pública, toda vez que se trata de una empresa de economía mixta.

La normativa de contratación aplicable para Petroecuador y sus Empresas Filiales se encuentra prevista de manera taxativa y expresa en la Constitución Política de la República y en la Ley de Hidrocarburos, Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Reglamento de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Empresas Filiales y su Instructivo de Contratación.

El primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos describe y define las modalidades que puede adoptar el Estado para explorar y explotar hidrocarburos en los siguientes términos: “El estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de Petroecuador, la que podrá hacerlo por si misma o celebrando contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales vigentes en la legislación ecuatoriana”.

De la cita anterior se desprende que las únicas modalidades contractuales para realizar la explotación de hidrocarburos son las expresamente detalladas en el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, por lo tanto es imposible tratar de adecuar cualquier otro tipo de contrato, para realizar la explotación de crudo.

El reglamento Sustitutivo de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de Petroecuador y sus Filiales, y su Instructivo, en el Art. 1 prescribe: “Este Reglamento tiene por objeto el regular el sistema de Contratación de Petroecuador y sus empresas filiales para la ejecución de obras, adquisición de bienes y la prestación de servicios específicos, incluidos los de consultoría, de acuerdo con lo que dispone el Art. 10 de la Ley de Petroecuador, el Art. 93 de la Ley de Hidrocarburos y el Art. 22 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General a la Ley de Petroecuador”.

En ninguna parte de la Ley y los Reglamentos referidos, salvo en protervas intenciones delictivas o analfabetismo jurídico, se podría encontrar posibilidad alguna para pretender entregar la explotación de petróleo de campos independientes o mucho menos de áreas operadas actualmente por Petroecuador, como es el caso de las denominadas “Joyas de la Corona”, en este caso el CAMPO SACHA, a través de la modalidad de Obras, Bienes y Servicios Específicos, una modalidad que fue definida para contratar la instalación de equipos, guardianía, el lavado de ropa y similares; pero que ha sido confundida deliberadamente, con los contratos de Prestación de Servicios, para la explotación de petróleo, transformando un SERVICIO ESPECIFICO, en un servicio integrado.

El caso del Contrato del Campo Tivacuno, adjudicado en el régimen de Rodrigo Borja, ilustra el cinismo e impudicia, con el que actuaron las transnacionales y las mafias internas de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas. Un informe de caducidad de este contrato, realizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción, del Gobierno de Rafael Correa, en mayo del 2007, el cual lo pusieron bajo 7 llaves, sentencia lo siguiente: “Debido a que resulta asombroso como las máximas autoridades del sector energético, del Ministerio de Energía y Minas y del Sistema Petroecuador, desconocen y parecen confundidos por más de 15 años sobre la aplicación y alcance jurídico de la normativa propia del sector petrolero, es de fundamental importancia el precisar la marcada diferencia que existe entre un Contrato de Prestación de Servicios para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, frente a un Contrato de Servicios Específicos”.

Los resultados de este proceso precontractual y otros que se han dado y se dan en Petroecuador, así como la línea política ejecutada desde el Ministerio de Minas y Petróleos, expresa la ausencia de objetivos claros, estrategias y una política ordenada y conciente para el sector.

Resulta hasta ofensivo que mientras Petroecuador pretende entregar sus Joyas de la Corona, campos en producción de petróleo liviano, a empresas extranjeras, se nos pretenda consolar con “espejitos”, como la exploración de posibles reservas de crudo pesado en el campo Ayacucho de Venezuela. Otra vez vender la casa para comprar la escoba, el típico cuento del tonto.
La mutación de Rafael Correa, queda al descubierto en la sesión del Directorio Político de Petroecuador, del 19 de mayo de 2008, en la cual, además de plantear la entrega del campo Armadillo al Consorcio Gran Colombia del cual forma parte el empresario José Dapelo, a quien Correa calificó de gangster, se mostró partidario de la privatización de Petroecuador: “Pese a eso usted comandante (Fernando Zurita) quería darle más campos a Petroecuador y a Perenco no extender el período del contrato para que le pase a Petroecuador, Armadillo ya va a Petroecuador, estamos hablando después de 2 años y hasta que tomen una deicisón, hasta que no esté hecho esto, no le va medio campo más a Petroecuador…” “Siempre he defendido a Petroecuador, pero después de estos 15 meses de experiencia créame que ya me estoy volviendo privatizador, toda mi vida he luchado contra las privatizaciones, pero ya les estoy entendiendo a los privatizadores”.

RESOLUCIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR

2009-09-14T15:58:00.001-07:00

RESOLUCIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR

La Asamblea Nacional Extraordinaria de los Pueblos y las Nacionalidades en
el marco de Estado Plurinacional y la Autodeterminación de los Pueblos, en
la ciudad de Quito, República del Ecuador territorio de la nación Kitu
kara, Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la asistencia de sus delegados,
Presidentes de los Consejos de Gobiernos de las regionales y nacional:
Raúl Tapuyo, CONAICE; Tito Puanchir, CONFENIAE; Humberto Cholango,
ECUARUNARI y Marlon Santi, CONAIE; Asambleístas, Prefectos, Alcaldes,
Concejales y Representantes de las Instituciones Públicas Indígenas,
efectuado los días 8 y 9 de septiembre de 2009,

CONSIDERANDO

QUE, los Pueblos y Nacionalidades Indígenas somos entidades colectivas
milenarias, poseedores de territorios, recursos tangibles e intangibles,
constituimos y formamos activamente en la sociedad ecuatoriana, presentes
en todos los momentos del proceso de la vida organizada, aún antes de la
conformación de la actual República del Ecuador, dominante, genocida,
racista y segregadora desde las colonias invasoras;

QUE, La Constitución Política en su Art. 1 señala Textualmente, “El
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico”, RESUELVE:

1. Declarar en Movilización Nacional en defensa de los Derechos de las
Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de manera coordinada
entre las Confederaciones: ECUARUNARI, CONFENIAE Y CONAICE, ante el
permanente y progresivo atropello del gobierno del Econ. Rafael Correa
Delgado a la integridad y los derechos de los pueblos y nacionalidades; y,
convocar a todos los sectores progresistas de la sociedad ecuatoriana que
se consideren afectados en sus derechos, a construir agendas y acciones
comunes de exigencia y garantías a los derechos fundamentales.

2. Declarar al gobierno de Rafael Correa como gobierno neoliberal y
capitalista por sus acciones y actitudes influenciado de ciertos
colaboradores de la partidocracia, que atentan a la soberanía de la
pachamama, los derechos colectivos, humanos y ambientales consagrados en
la Constitución vigente.

3. Ejercer y fortalecer los gobiernos comunitarios de las nacionalidades y
pueblos del Ecuador, declarando libre de toda injerencia y prácticas
ajenas que atenten al sistema de vida y organización, como entidades
económicas, políticas, culturales y lingüísticas históricamente definidas
y diferenciadas. Para el efecto la CONAIE y sus regionales: CONFENIAE,
CONAICE y ECUARUNARI, asumen su condición de Autogobierno de las
nacionalidades y pueblos indígenas.

4. Rechazar los programas sociales que está implementando el gobierno como
socio bosque, socio páramo, bonos y créditos clientelares, entre otros que
atentan a las formas de organización y los derechos colectivos de los
pueblos y nacionalidades, y en su reemplazo exigir la implementación de
verdaderos programas de reforma agraria, micro-créditos blandos para la
agricultura, ganadería, sistema de riego, proyectos de industria
artesanal, micro-empresas comunitarias, orientados a la consecución del
Sumak Kawsay.

5. Exigir al Estado y al Gobierno Nacional la nacionalización de los
recursos naturales y la puesta en práctica de la auditoria a las
concesiones petroleras, mineras, aguas, hidroeléctricas, telefónicas,
espectro radio eléctrico y servicios ambientales; la deuda externa, la
recaudación de impuestos y los recursos del Seguro Social- IESS; así como,
la suspensión de todo tipo de concesiones (extractivas petroleras,
mineras, forestales, de agua y biodiversidad, hidroeléctricas) en los
territorios de los Pueblos y Nacionalidades.

6. Exigir al Gobierno Nacional las garantías inmediatas, los recursos y
las facultades que conforme a los derechos contemplados en la Constitución
Política de Estado y las leyes, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo ejerzamos la
administración con autonomía y descentralizaciones las instituciones
públicas de los pueblos y nacionalidades: Consejo Nacional de Desarrollo
de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, Dirección Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, Secretaria Nacional de Salud de
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Fondo de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas FODEPI.

7. Exigir al Gobierno, las garantías integrales e irrestrictas para el
ejercicio del derecho a la vida y a la territorialidad de los Pueblos
Libres Tagaeri, Taromenane, Oñamenane desde sus propios sistemas de vida,
de acuerdo con la Constitución Política, de las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas en el 2006, y los
convenios y tratado internacionales.

8. Exigir a los gobiernos, garantías integrales a los derechos
territoriales y la autodeterminación de las Nacionalidades y Pueblos cuyos
territorios se encuentran en las zonas de frontera, quienes están
amenazados por la invasión de empresas extractivas, por la militarización
y la violencia: Awa, Epera, Chachi, Cofán, Secoya, Siona en la frontera
con Colombia y las Nacionalidades Shuar, Achuar, Sapara, Andoas, Shiwiar
con el Perú.

9. Adherir al llamado de la Organización Nacional Indígena de Colombia
ONIC y del Pueblo Indígena AWA a favor de la Acción Mundial por la Vida de
los Pueblos Indígenas de Colombia amenazados por las consecuencias del
conflicto que azota a este país hermano.

10. Exigir al Gobierno la titulación de los territorios ancestrales a
nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible,
indivisible, inembargable; y, el respeto a ejercer sus derechos propios,
las formas de participación y organización en las circunscripciones y sus
gobiernos territoriales.

11. Exigir la derogatoria inmediata del neoliberal Decreto 1585 que atenta
contra el sistema de educación intercultural bilingüe y la dirección
nacional de educación intercultural bilingüe de los pueblos y las
nacionalidades, y el neocolonial Decreto 1780 y su reforma que facultan
atribuciones a las misiones religiosas católicas sobre la organización de
las poblaciones indígenas y campesinas.

12. Desconocer a los administradores de las instituciones indígenas
designados arbitrariamente por el Gobierno Nacional, usurpando
atribuciones de las nacionalidades y pueblos por mecanismos ajenos a los
usos, costumbres y formas de participación, menos aún por procesos de
concursos trasparentes y legítimos.

13. Disponer a las autoridades designadas por voto popular y las
instancias del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País,
profundice la defensa del proyecto político de la CONAIE, y la
construcción del Estado Plurinacional y el Sumak Kawsay.

14. Ratificar en todo su contenido el Mandato de las Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador para los alcaldes, prefectos, asambleístas y
Presidencia de la República.

15.- Dar seguimiento y vigilar el tratamiento de los proyectos de leyes
propuestos por el movimiento indígena ante la Asamblea Nacional.
Dado en Quito Distrito Metropolitano, a 9 septiembre de 2009

POR LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Marlon Santi Gualinga
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE LAS
NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR