Entre fines del XVIII y comienzos del XIX, la “educación del soberano” se constituyó en uno de los lemas más atractivos y legitimadores de los protagonistas de la Emancipación política de Nuestra América. Basta citar los nombres de Eugenio Espejo, Andrés Bello, Simón Rodríguez y el propio Libertador Bolívar para refrendar el aserto.
Ironías de la historia, en esta vuelta de siglo la degradación de la educación institucionalizada se ha convertido en acariciada meta de la mayoría de liderazgos del continente al margen de sus diferencias político/ideológicas.
¿Cómo explicar semejante involución?
Neoliberalismo y educación
A partir del shock financiero de 1982, en la práctica totalidad de países latinoamericanos, los recortes presupuestarios sugeridos/impuestos por el FMI -Fundamentalismo Monetario Internacional- orientados a que nuestras naciones liberen recursos para el pago de la deuda externa (uno de los “tributos imperiales”) se tradujeron en una correlativa caída del empleo y los ingresos del sector laboral, debilitando la capacidad de ese segmento demográfico para solventar la educación de su prole. Ni qué decir de su impacto en los estratos de subocupados y excluidos. Paralelamente a tales ajustes se multiplicaron los establecimientos privados y, por supuesto, los costos medios de la educación.
En la propia esfera educativa, los efectos más generales de la estrategia fondomonetarista -diseñada para empujar la reestructuración subordinada de nuestras naciones- fueron, por un lado, el deterioro cuantitativo y cualitativo de las opciones educacionales provistas por el Estado para los pobres; y por otro, la profundización del círculo vicioso que configuran la deficiente educación y la escasez de oportunidades.
Por cierto, bajo el neoliberalismo el deterioro de la educación no se ha circunscrito al ámbito de los establecimientos públicos sino que se ha extendido a los centros privados. ¿Por qué motivo? La proliferación de estos últimos en todos los niveles –desde parvularios hasta universidades-, agudizó el problema de la calidad de la educación (se habla incluso de un proceso de “chatarrización” de la misma), ya por la improvisación de personal directivo y docente, ya por los efectos excluyentes en el mercado laboral inherentes al modelo liberal/monetarista, ya porque la lógica mercantil que inspira al nuevo paradigma de enseñanza -la denominada educación de mercado o educación por competencias- introdujo elementos aberrantes en la formación de los niños y los jóvenes, como la actitud reverencial y acrítica al saber metropolitano, la fragmentación arbitraria del conocimiento, el pragmatismo a ultranza, el mito de la productividad, el exitismo, el clientelismo, la burocratización de la enseñanza/aprendizaje. Deformaciones a las que habría que agregar la introducción –especialmente en los establecimientos estatales- de viejos vicios de la política latinoamericana: ideologización en el peor sentido de la palabra, sectarismo, intolerancia, clientelismo e incluso violencia física y psicológica.
El paradigma de la educación por competencias, que ha venido implantándose en el Ecuador en los últimos lustros, tiene su principal raíz en la evolución deforme y subalterna del capitalismo en el país, exacerbada a partir de los 80 debido a la asunción por los distintos gobiernos de una estrategia librecambista y reprimarizante, con el consiguiente eclipse de los objetivos nacionales de largo plazo y la no-inserción nacional en un congruente proyecto de integración regional/subregional.
Coaccionados externa e internamente, o por propias convicciones retrógradas, los sucesivos gobiernos y las entidades responsables de la educación formal han optado por renunciar a una educación en función de las grandes metas de la sociedad y asumir un modelo formativo de manufactura metropolitana, modelo que, esencialmente, sustituye a la educación propiamente científica por la mera instrucción y que opera conforme a las “señales del mercado” laboral, sin reparar que el mercado capitalista no tiene un horizonte temporal y que, en razón de su filosofía hedonista, mal puede proveer de los conocimientos y los valores indispensables para comprender los inmensos desafíos en primer lugar cognitivos que plantea una contemporaneidad signada por el ostensible naufragio de la civilización del capital.
El panorama lacónicamente descrito ha venido a agudizarse en el marco del proceso político más reciente. ¿A qué aludimos?
La Revolución Ciudadana y sus reflejos en el sistema educativo
Rafael Correa, un Illinois boy´s que accediera a Carondelet a horcajadas de su habilidad con las palabras, del desprestigio de la vieja derecha oligárquica hegemonizada por el Partido Social Cristiano (PSC) y enarbolando consignas nacionalistas y bolivariano/alfaristas, luego de dilapidar los gigantescos ingresos provistos por el auge petrolero del 2007-2008 en la construcción de obras de infraestructura de discutible utilidad, en un descomunal incremento de dependencias públicas con sus respectivas “burocracias doradas” y en el tonel sin fondo de una venalidad “políticamente correcta”, se ha decidido, con el soporte de una clientela electoral sustentada en el gasto asistencialista del Estado, a radicalizar la nunca abandonada estrategia primarioexportadora y extractivista festinando las reservas naturales, energéticas, mineras y ambientales a favor de intereses imperialistas, “subimperialistas” y de comisionistas internos; así como –debilitadas las fuentes ordinarias de ingreso de divisas y para proveer de vida artificial a la dolarización- a reeditar el “endeudamiento agresivo” que inaugurara en estas latitudes un triunvirato castrense de triste recordación.
Esta “revolución” económica de corte antibolivariano impulsada por Correa y su novel tecnocracia ha venido instrumentándose con el aval teórico del neoinstitucionalismo, una variante del neoliberalismo elaborada por académicos estadounidenses –Douglas North y Joseph Stiglitz, entre los principales- y el aval del Banco Mundial y otras agencias del capital financiero internacional.
El neoinstitucionalismo aspira a limar las polarizaciones socioeconómicas extremas derivadas de la aplicación del neoliberalismo puro y duro del FMI mediante la entrega de bonos de la pobreza o para la adquisición de vivienda; y, a través de una política de intervencionismo del Estado en las organizaciones formales e informales, a remarcar el patrón de acumulación por desposesión (Samir Amin, David Harvey) que tanto favorece a la banca metropolitana y a las transnacionales.
Por cierto, el intervencionismo de marras nada tiene que ver con una estrategia nacionalista y/o socialista tradicionalmente preconizada por la izquierda latinoamericana y ecuatoriana.
En nuestro país, el modelo neoinstitucionalista –al que más convendría codificarlo como desinstitucionalista, dado el fracaso histórico del capitalismo a la luz de los intereses nacionales y populares- comenzó a aplicarse en el régimen del demócrata cristiano Jamil Mahuad (1998-2000), aunque de manera integral por Rafael Correa y su orwelliana Revolución Ciudadana.
Conforme a una ley sociológica, todo sistema de dominación político/económica se rige por pautas comunes para el control de la educación.
“Para ser eficaz –escribe Aníbal Ponce- toda educación impuesta por las clases dominantes debe cumplir tres condiciones esenciales: destruir los restos de alguna tradición enemiga; consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante; prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases dominadas”.
En lo que concierne a los niveles preprimario, primario y medio, así como a la educación prevista para las minorías étnicas, la política del actual inquilino de Carondelet se ajusta inequívocamente al modus operandi identificado por el citado pensador argentino. Pruebas al canto.
Para los establecimientos primeramente nombrados, por ejemplo, la reforma filoimperialista de la educación está siendo instrumentada tanto mediante la revisión de programas y textos para orientarlos a proveer a docentes y discentes de una visión “occidental” del mundo y de su historia, como a través de descontextualizadas, inconsultas, ilegales y punitivas evaluaciones de los docentes del magisterio público que, en los días que corren, han colocado al borde de la destitución a unos 2.600 maestros. Esta reforma regresiva se pretende afianzarla con un proyecto de Ley regulatoria de la Educación de inspiración bancomundialista, actualmente en trámite en la Legislatura, cuerpo de normas que cercenaría caras conquistas magisteriales.
El espíritu recolonizador y antialfarista de la educación que promueven Correa y su ministro Raúl Vallejo reaparece en el reciente Decreto Ejecutivo No. 1780 (publicado en el R.O. 620 del 12 de junio último), que confiere increíbles atribuciones a la Iglesia Católica para la educación de los grupos humanos originarios. Al respecto, el investigador Pablo Dávalos ha escrito: “Quizá el mejor argumento que demuestra la esquizofrenia del discurso político de Alianza País y de Rafael Correa sea el Decreto 1780 en donde se expresa, entre otras perlas, lo siguiente: ´Facúltese al ministro de Gobierno para que, a nombre y representación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, celebre un contrato con los representantes de las misiones católicas … (para) trabajar… en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado´. En el Artículo No. 1 de la Constitución Política vigente… se puede leer: ´El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico´. El Decreto 1780 demuestra que el Ecuador ya no es un Estado laico. En realidad, este decreto lo convierte en un Estado confesional. La paradoja de la historia es que el Estado confesional que ha cedido la soberanía, los territorios y sus poblaciones a las tareas de la evangelización y encomienda, ha sido realizado por un gobierno que tiene toda la fama de ser de izquierda…”
Ley SENPLADES: la ruta al oscurantismo del siglo XXI
Sin embargo, la servidumbre a los postulados recolonizadores y desarrollistas del Gran Capital por parte de la administración de Alianza País aparece de cuerpo entero en las opiniones del oficialismo. Al respecto, el propio titular del Ejecutivo habría expresado en una de sus últimos enlaces sabatinos que en el Ecuador “existen 10.000 carreras universitarias (de las cuales) muchas no contribuyen al desarrollo del país”. Añadiendo: “¿Es posible seguir subsidiando con 400 millones de dólares a las universidades para graduar desempleados?”. De esta manera, habría criticado el nivel académico de las universidades al considerarlo el peor de Sudamérica, y manifestado su deseo de transformar radicalmente la educación superior. En la misma línea de regulación autoritaria de la oferta de profesionales, el titular de Planificación, René Ramírez, se habría mostrado favorable a una eutanasia académica. Y en un rapto de voluntarismo, algún escriba del régimen defendió el proyecto del ente planificador arguyendo que nos permitiría contar con universidades de nivel primermundista. ¡Así de simple!
De manera más realista, aunque no menos peligrosa, el malinchismo del gobierno se ha expresado en su propuesta de reforma contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior elaborado, o por lo menos suscrito, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional presidida nuevamente por el oficialista Fernando Cordero.
Empero, esta es una cuestión con historia.
En “Tribulaciones universitarias” adelantamos un análisis de los nexos entre la siempre subalterna estructura económica del Ecuador y la morfología de las universidades; entidades que, al calor de un liberalismo ilustrado y del laicismo propugnados por la Revolución alfarista de 1895, así como de la influencia continental de la Reforma de Córdoba (1918), lograron se les reconozca algunos atributos para el mejor cumplimiento de sus tareas inherentes a la formación académico/profesional de los educandos y al fomento de la cultura. Aludimos a derechos como la autonomía organizativa, la libertad de cátedra y de investigación, el cogobierno… bajo los cuales y hasta tiempos no muy distantes las universidades y politécnicas lograron trascendentes logros académicos y elevada respetabilidad.
Ulteriormente esta situación cambió. La intervención incluso militar en las universidades estatales por parte de la dictadura de 1963-66 y, posteriormente, la asunción del fundamentalismo neoliberal por los sucesivos gobiernos, así como el correlativo deterioro de la socioeconomía nacional y la expansión de la matrícula, terminaron por generar bloqueos externos e internos a esos centros superiores, obstáculos que les impidieron un desenvolvimiento promisorio, salvo las excepciones de rigor.
En nuestros estudios “El desembarco invisible” y “Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades” describimos los perniciosos efectos para las universidades y politécnicas derivados de su adscripción, a partir del 2005, al neocolonialista Proyecto Tuning; al tiempo que, en el segundo de los mencionados trabajos, advertimos sobre los riesgos para los institutos superiores de la inclusión del patrón neoinstucionalista/neoliberal en la neoderechista Carta Política elaborada en Montecristi (2008), que se convertiría en el obligatorio referente para la antedicha proforma de la SENPLADES.
Al paso de pocos meses hemos tenido que reconocer, amargamente, que no estuvimos equivocados.
En efecto, una revisión de la denominada “Ley SENPLADES” ha llevado a que ratifiquemos –y ampliemos- nuestros juicios sobre el impacto del integrismo moderno en la educación universitaria; juicios críticos que los condensamos del modo siguiente:
° Dado que el sentido ontológico de la educación formal o informal no es otro que proveer de conocimientos para que la sociedad y los individuos mejoren sus condiciones de vida material y espiritual, tal sentido no puede ser apretujado en el lecho de Procusto de fundamentalismos de ningún signo y, menos aún, del integrista discurso de la globalización corporativa –con sus ejes en el “libre” mercado y la democracia electoralista- cuyos colosales fracasos han colocado en vilo al planeta y a la humanidad. Con el término globalización corporativa, aludimos a ese orden social de origen renacentista basado en la hegemonía de la dimensión económica/economicista frente a las esferas política y ética; orden que, catapultado por las fuerzas dinámicas y amorales del dinero y la ciencia positiva (tecnociencia), llegara a su apoteosis a mediados del siglo XX, apoteosis verificable en sus espectaculares logros en materia de la producción y consumo de bienes materiales (el american way of life como símbolo) y en una pretendida victoria del hombre sobre la naturaleza perceptible en los logros de la cibernética, la biología molecular, la robótica y los viajes espaciales.
° Corsi e ricorsi. El derrumbe de Wall Street el año pasado (2008) -cuyos efectos cataclísmicos no tardarán en reeditarse- y las consecuencias devastadoras sobre los recursos naturales, energéticos y ambientales -derivadas de una tecnología centrada en la explotación de los combustibles fósiles y edificada sobre la creencia en la inagotabilidad de los mismos- constituyen pruebas concluyentes del agotamiento de los Tiempos Modernos. Una consecuencia crucial de ese hundimiento es, sin duda, que la ideología y práctica del Crecimiento/Desarrollo –concomitante a la civilización del capital- ha devenido equivocada, inviable y retrógrada.
° Pues bien, semejante telón de fondo de la contemporaneidad mundial y nacional no aparece ni remotamente en la política concreta del régimen de Alianza País, que continúa apostando al desdibujado paradigma del Crecimiento/Desarrollo y que, en una suerte de fuga hacia adelante, se ha decidido por la remodelación de las actividades de los centros superiores ecuatorianos al tenor del trasnochado discurso de la globalización corporativa. No se trata de opiniones gratuitas, conforme podrá comprobarse con la lectura de los Arts. 351 y 353 de la Constitución vigente, la revisión del Plan Nacional de Desarrollo preparado por la SENPLADES y el escrutinio del antedicho Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (que, por cierto, ha recibido el respaldo de la derecha tradicional e incluso de los vilipendiados medios de comunicación).
° En efecto, el soporte conceptual de la “Ley SENPLADES” es el neoinstitucionalismo; para el caso, una postura regulatoria del mercado orientada a equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra calificada o semicalificada mediante el control vertical de la educación superior, en una aplicación de lo que Noam Chomsky denomina neomercantilismo corporativo dependiente. En la propuesta bajo análisis, la visión neoinstitucional/neomercantilista –inaugurada en los países céntricos cuando el capitalismo industrial ensayaba sus primeros pasos- cobra la forma de una vinculación subalterna e inextricable de los centros superiores al susodicho Plan de Desarrollo y a una amplia gama de principios, algunos de ellos peregrinos y contradictorios, así como a incontables disposiciones de corte reglamentario. Casi huelga señalar que la proforma de la SENPLADES, en caso de ser refrendadas por la Asamblea Nacional, convertiría a los referidos establecimientos, tanto públicos como privados, en entidades reflejas del Ejecutivo y de sus instancias de planificación y de evaluación de marcada tesitura empirista.
° El elemento medular del proyecto de la SENPLADES es que articula de modo transversal a las actividades de los institutos de educación superior con el Plan Nacional del Desarrollo que, de este modo, devendría una suerte de Biblia laica, portadora de la Buena Nueva del progreso-económico-y-social para los infieles de estas latitudes. Amén de reguladora de las resantificadas “leyes” o “fuerzas” del mercado.
° Este esquema teológico/neoinstitucionalista se viabilizaría mediante la creación de una Secretaría Técnica, un Consejo Nacional de Ciencias y una Agencia de Acreditación y Aseguramiento de Calidad, organismos superpuestos al actual Consejo Nacional de Universidades y Politécnicas (CONESUP) y controlados verticalmente por el Ejecutivo. La puesta en marcha de este organigrama supondría la etapa superior del metropolitano Proyecto Tuning, al cual identificáramos en “El desembarco invisible” como el manual para la funcionalización del tercero y cuarto nivel formativo de las naciones periféricas.
° Esta salida neoinstitucionalista/correísta a los agudos problemas de la educación superior del país y del desempleo de sus graduados, expresiones –repetimos- del capitalismo contrahecho y subalterno del Ecuador, ha generado el rechazo generalizado de las universidades y politécnicas, particularmente porque elimina de cuajo los principios de autonomía organizativa, libertad de investigación y libertad de cátedra, consustanciales no solo a la universidad latinoamericana y ecuatoriana.
° Según Francisco López Segrera: “La autonomía no es una concepción nueva. Ha sido una concepción desde el origen mismo de la Universidad. El papel autonómico de la Universidad ya se consideraba en el conjunto de leyes más antiguas sobre esta institución que aparecen en las Siete Partidas del Rey Alfonso X El Sabio (1256-1263). La Carta Magna de las universidades europeas (Universidad de Bolonia, 1988), antecedente de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, establece que la Universidad es una ‘institución autónoma’ que ‘produce, examina, valora y ofrece cultura, mediante la investigación y la enseñanza”. ¡Si quieren copiar, al menos copien algo que valga la pena! Por lo demás, la experiencia latinoamericana/ ecuatoriana ha demostrado que las universidades dan sus mejores frutos cuando las anima un espíritu libertario y de servicio a la nación.
° Un planteamiento aparentemente positivo de la Ley SENPLADES se relaciona con la intención de transformar a la actual universidad profesionalizante en una que privilegie la investigación básica. ¿Por qué aparentemente positivo? Respuesta: a) porque la realidad siempre es más compleja de lo que aparece a primera vista y b) porque más bien creemos que el referido mecanismo legal no está pensando en función de respaldar un sistema de investigación científico-técnica de signo liberacionista. Veamos al respecto lo que escribiera hace casi cuatro décadas el matemático uruguayo Mario Wschebor: “La idea básica que recorre las páginas de este libro, es la de que la política cultural del imperio es un aspecto parcial y complementario de la dominación política y económica que padecen los pueblos latinoamericanos a manos de los E.U… En realidad, el problema consiste en que el sistema capitalista ha organizado el mundo de tal modo que los frutos del progreso científico y tecnológico no son utilizables para la gran mayoría de la población del globo, y que el sometimiento de nuestra cultura es una consecuencia de esta situación, a la vez que un instrumento para mantenerla. La lucha por modificar este panorama, por lo tanto, es un capítulo de la lucha más general para sacudirnos el yugo imperialista y organizar de una manera más racional nuestros recursos. Sólo de esta manera será posible un efectivo progreso en el campo de la ciencia”.
° En relación a la libertad de cátedra declarativamente reconocida por el Anteproyecto, nos remitimos a nuestro juicio ya enunciado en este mismo texto, según el cual, en estos oscuros tiempos que vive el Ecuador, las grandes verdades sobre el hombre y su destino parece que habría que buscarlas, ya no en el discurso de las inmensas figuras de la humanidad, sino en las tediosas páginas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Realismo mágico o realismo trágico?
René Báez
Universidad Central
Ironías de la historia, en esta vuelta de siglo la degradación de la educación institucionalizada se ha convertido en acariciada meta de la mayoría de liderazgos del continente al margen de sus diferencias político/ideológicas.
¿Cómo explicar semejante involución?
Neoliberalismo y educación
A partir del shock financiero de 1982, en la práctica totalidad de países latinoamericanos, los recortes presupuestarios sugeridos/impuestos por el FMI -Fundamentalismo Monetario Internacional- orientados a que nuestras naciones liberen recursos para el pago de la deuda externa (uno de los “tributos imperiales”) se tradujeron en una correlativa caída del empleo y los ingresos del sector laboral, debilitando la capacidad de ese segmento demográfico para solventar la educación de su prole. Ni qué decir de su impacto en los estratos de subocupados y excluidos. Paralelamente a tales ajustes se multiplicaron los establecimientos privados y, por supuesto, los costos medios de la educación.
En la propia esfera educativa, los efectos más generales de la estrategia fondomonetarista -diseñada para empujar la reestructuración subordinada de nuestras naciones- fueron, por un lado, el deterioro cuantitativo y cualitativo de las opciones educacionales provistas por el Estado para los pobres; y por otro, la profundización del círculo vicioso que configuran la deficiente educación y la escasez de oportunidades.
Por cierto, bajo el neoliberalismo el deterioro de la educación no se ha circunscrito al ámbito de los establecimientos públicos sino que se ha extendido a los centros privados. ¿Por qué motivo? La proliferación de estos últimos en todos los niveles –desde parvularios hasta universidades-, agudizó el problema de la calidad de la educación (se habla incluso de un proceso de “chatarrización” de la misma), ya por la improvisación de personal directivo y docente, ya por los efectos excluyentes en el mercado laboral inherentes al modelo liberal/monetarista, ya porque la lógica mercantil que inspira al nuevo paradigma de enseñanza -la denominada educación de mercado o educación por competencias- introdujo elementos aberrantes en la formación de los niños y los jóvenes, como la actitud reverencial y acrítica al saber metropolitano, la fragmentación arbitraria del conocimiento, el pragmatismo a ultranza, el mito de la productividad, el exitismo, el clientelismo, la burocratización de la enseñanza/aprendizaje. Deformaciones a las que habría que agregar la introducción –especialmente en los establecimientos estatales- de viejos vicios de la política latinoamericana: ideologización en el peor sentido de la palabra, sectarismo, intolerancia, clientelismo e incluso violencia física y psicológica.
El paradigma de la educación por competencias, que ha venido implantándose en el Ecuador en los últimos lustros, tiene su principal raíz en la evolución deforme y subalterna del capitalismo en el país, exacerbada a partir de los 80 debido a la asunción por los distintos gobiernos de una estrategia librecambista y reprimarizante, con el consiguiente eclipse de los objetivos nacionales de largo plazo y la no-inserción nacional en un congruente proyecto de integración regional/subregional.
Coaccionados externa e internamente, o por propias convicciones retrógradas, los sucesivos gobiernos y las entidades responsables de la educación formal han optado por renunciar a una educación en función de las grandes metas de la sociedad y asumir un modelo formativo de manufactura metropolitana, modelo que, esencialmente, sustituye a la educación propiamente científica por la mera instrucción y que opera conforme a las “señales del mercado” laboral, sin reparar que el mercado capitalista no tiene un horizonte temporal y que, en razón de su filosofía hedonista, mal puede proveer de los conocimientos y los valores indispensables para comprender los inmensos desafíos en primer lugar cognitivos que plantea una contemporaneidad signada por el ostensible naufragio de la civilización del capital.
El panorama lacónicamente descrito ha venido a agudizarse en el marco del proceso político más reciente. ¿A qué aludimos?
La Revolución Ciudadana y sus reflejos en el sistema educativo
Rafael Correa, un Illinois boy´s que accediera a Carondelet a horcajadas de su habilidad con las palabras, del desprestigio de la vieja derecha oligárquica hegemonizada por el Partido Social Cristiano (PSC) y enarbolando consignas nacionalistas y bolivariano/alfaristas, luego de dilapidar los gigantescos ingresos provistos por el auge petrolero del 2007-2008 en la construcción de obras de infraestructura de discutible utilidad, en un descomunal incremento de dependencias públicas con sus respectivas “burocracias doradas” y en el tonel sin fondo de una venalidad “políticamente correcta”, se ha decidido, con el soporte de una clientela electoral sustentada en el gasto asistencialista del Estado, a radicalizar la nunca abandonada estrategia primarioexportadora y extractivista festinando las reservas naturales, energéticas, mineras y ambientales a favor de intereses imperialistas, “subimperialistas” y de comisionistas internos; así como –debilitadas las fuentes ordinarias de ingreso de divisas y para proveer de vida artificial a la dolarización- a reeditar el “endeudamiento agresivo” que inaugurara en estas latitudes un triunvirato castrense de triste recordación.
Esta “revolución” económica de corte antibolivariano impulsada por Correa y su novel tecnocracia ha venido instrumentándose con el aval teórico del neoinstitucionalismo, una variante del neoliberalismo elaborada por académicos estadounidenses –Douglas North y Joseph Stiglitz, entre los principales- y el aval del Banco Mundial y otras agencias del capital financiero internacional.
El neoinstitucionalismo aspira a limar las polarizaciones socioeconómicas extremas derivadas de la aplicación del neoliberalismo puro y duro del FMI mediante la entrega de bonos de la pobreza o para la adquisición de vivienda; y, a través de una política de intervencionismo del Estado en las organizaciones formales e informales, a remarcar el patrón de acumulación por desposesión (Samir Amin, David Harvey) que tanto favorece a la banca metropolitana y a las transnacionales.
Por cierto, el intervencionismo de marras nada tiene que ver con una estrategia nacionalista y/o socialista tradicionalmente preconizada por la izquierda latinoamericana y ecuatoriana.
En nuestro país, el modelo neoinstitucionalista –al que más convendría codificarlo como desinstitucionalista, dado el fracaso histórico del capitalismo a la luz de los intereses nacionales y populares- comenzó a aplicarse en el régimen del demócrata cristiano Jamil Mahuad (1998-2000), aunque de manera integral por Rafael Correa y su orwelliana Revolución Ciudadana.
Conforme a una ley sociológica, todo sistema de dominación político/económica se rige por pautas comunes para el control de la educación.
“Para ser eficaz –escribe Aníbal Ponce- toda educación impuesta por las clases dominantes debe cumplir tres condiciones esenciales: destruir los restos de alguna tradición enemiga; consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante; prevenir los comienzos de una posible rebelión de las clases dominadas”.
En lo que concierne a los niveles preprimario, primario y medio, así como a la educación prevista para las minorías étnicas, la política del actual inquilino de Carondelet se ajusta inequívocamente al modus operandi identificado por el citado pensador argentino. Pruebas al canto.
Para los establecimientos primeramente nombrados, por ejemplo, la reforma filoimperialista de la educación está siendo instrumentada tanto mediante la revisión de programas y textos para orientarlos a proveer a docentes y discentes de una visión “occidental” del mundo y de su historia, como a través de descontextualizadas, inconsultas, ilegales y punitivas evaluaciones de los docentes del magisterio público que, en los días que corren, han colocado al borde de la destitución a unos 2.600 maestros. Esta reforma regresiva se pretende afianzarla con un proyecto de Ley regulatoria de la Educación de inspiración bancomundialista, actualmente en trámite en la Legislatura, cuerpo de normas que cercenaría caras conquistas magisteriales.
El espíritu recolonizador y antialfarista de la educación que promueven Correa y su ministro Raúl Vallejo reaparece en el reciente Decreto Ejecutivo No. 1780 (publicado en el R.O. 620 del 12 de junio último), que confiere increíbles atribuciones a la Iglesia Católica para la educación de los grupos humanos originarios. Al respecto, el investigador Pablo Dávalos ha escrito: “Quizá el mejor argumento que demuestra la esquizofrenia del discurso político de Alianza País y de Rafael Correa sea el Decreto 1780 en donde se expresa, entre otras perlas, lo siguiente: ´Facúltese al ministro de Gobierno para que, a nombre y representación del Gobierno Nacional de la República del Ecuador, celebre un contrato con los representantes de las misiones católicas … (para) trabajar… en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado´. En el Artículo No. 1 de la Constitución Política vigente… se puede leer: ´El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico´. El Decreto 1780 demuestra que el Ecuador ya no es un Estado laico. En realidad, este decreto lo convierte en un Estado confesional. La paradoja de la historia es que el Estado confesional que ha cedido la soberanía, los territorios y sus poblaciones a las tareas de la evangelización y encomienda, ha sido realizado por un gobierno que tiene toda la fama de ser de izquierda…”
Ley SENPLADES: la ruta al oscurantismo del siglo XXI
Sin embargo, la servidumbre a los postulados recolonizadores y desarrollistas del Gran Capital por parte de la administración de Alianza País aparece de cuerpo entero en las opiniones del oficialismo. Al respecto, el propio titular del Ejecutivo habría expresado en una de sus últimos enlaces sabatinos que en el Ecuador “existen 10.000 carreras universitarias (de las cuales) muchas no contribuyen al desarrollo del país”. Añadiendo: “¿Es posible seguir subsidiando con 400 millones de dólares a las universidades para graduar desempleados?”. De esta manera, habría criticado el nivel académico de las universidades al considerarlo el peor de Sudamérica, y manifestado su deseo de transformar radicalmente la educación superior. En la misma línea de regulación autoritaria de la oferta de profesionales, el titular de Planificación, René Ramírez, se habría mostrado favorable a una eutanasia académica. Y en un rapto de voluntarismo, algún escriba del régimen defendió el proyecto del ente planificador arguyendo que nos permitiría contar con universidades de nivel primermundista. ¡Así de simple!
De manera más realista, aunque no menos peligrosa, el malinchismo del gobierno se ha expresado en su propuesta de reforma contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior elaborado, o por lo menos suscrito, por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional presidida nuevamente por el oficialista Fernando Cordero.
Empero, esta es una cuestión con historia.
En “Tribulaciones universitarias” adelantamos un análisis de los nexos entre la siempre subalterna estructura económica del Ecuador y la morfología de las universidades; entidades que, al calor de un liberalismo ilustrado y del laicismo propugnados por la Revolución alfarista de 1895, así como de la influencia continental de la Reforma de Córdoba (1918), lograron se les reconozca algunos atributos para el mejor cumplimiento de sus tareas inherentes a la formación académico/profesional de los educandos y al fomento de la cultura. Aludimos a derechos como la autonomía organizativa, la libertad de cátedra y de investigación, el cogobierno… bajo los cuales y hasta tiempos no muy distantes las universidades y politécnicas lograron trascendentes logros académicos y elevada respetabilidad.
Ulteriormente esta situación cambió. La intervención incluso militar en las universidades estatales por parte de la dictadura de 1963-66 y, posteriormente, la asunción del fundamentalismo neoliberal por los sucesivos gobiernos, así como el correlativo deterioro de la socioeconomía nacional y la expansión de la matrícula, terminaron por generar bloqueos externos e internos a esos centros superiores, obstáculos que les impidieron un desenvolvimiento promisorio, salvo las excepciones de rigor.
En nuestros estudios “El desembarco invisible” y “Homo sapiens y homo economicus confrontan en las universidades” describimos los perniciosos efectos para las universidades y politécnicas derivados de su adscripción, a partir del 2005, al neocolonialista Proyecto Tuning; al tiempo que, en el segundo de los mencionados trabajos, advertimos sobre los riesgos para los institutos superiores de la inclusión del patrón neoinstucionalista/neoliberal en la neoderechista Carta Política elaborada en Montecristi (2008), que se convertiría en el obligatorio referente para la antedicha proforma de la SENPLADES.
Al paso de pocos meses hemos tenido que reconocer, amargamente, que no estuvimos equivocados.
En efecto, una revisión de la denominada “Ley SENPLADES” ha llevado a que ratifiquemos –y ampliemos- nuestros juicios sobre el impacto del integrismo moderno en la educación universitaria; juicios críticos que los condensamos del modo siguiente:
° Dado que el sentido ontológico de la educación formal o informal no es otro que proveer de conocimientos para que la sociedad y los individuos mejoren sus condiciones de vida material y espiritual, tal sentido no puede ser apretujado en el lecho de Procusto de fundamentalismos de ningún signo y, menos aún, del integrista discurso de la globalización corporativa –con sus ejes en el “libre” mercado y la democracia electoralista- cuyos colosales fracasos han colocado en vilo al planeta y a la humanidad. Con el término globalización corporativa, aludimos a ese orden social de origen renacentista basado en la hegemonía de la dimensión económica/economicista frente a las esferas política y ética; orden que, catapultado por las fuerzas dinámicas y amorales del dinero y la ciencia positiva (tecnociencia), llegara a su apoteosis a mediados del siglo XX, apoteosis verificable en sus espectaculares logros en materia de la producción y consumo de bienes materiales (el american way of life como símbolo) y en una pretendida victoria del hombre sobre la naturaleza perceptible en los logros de la cibernética, la biología molecular, la robótica y los viajes espaciales.
° Corsi e ricorsi. El derrumbe de Wall Street el año pasado (2008) -cuyos efectos cataclísmicos no tardarán en reeditarse- y las consecuencias devastadoras sobre los recursos naturales, energéticos y ambientales -derivadas de una tecnología centrada en la explotación de los combustibles fósiles y edificada sobre la creencia en la inagotabilidad de los mismos- constituyen pruebas concluyentes del agotamiento de los Tiempos Modernos. Una consecuencia crucial de ese hundimiento es, sin duda, que la ideología y práctica del Crecimiento/Desarrollo –concomitante a la civilización del capital- ha devenido equivocada, inviable y retrógrada.
° Pues bien, semejante telón de fondo de la contemporaneidad mundial y nacional no aparece ni remotamente en la política concreta del régimen de Alianza País, que continúa apostando al desdibujado paradigma del Crecimiento/Desarrollo y que, en una suerte de fuga hacia adelante, se ha decidido por la remodelación de las actividades de los centros superiores ecuatorianos al tenor del trasnochado discurso de la globalización corporativa. No se trata de opiniones gratuitas, conforme podrá comprobarse con la lectura de los Arts. 351 y 353 de la Constitución vigente, la revisión del Plan Nacional de Desarrollo preparado por la SENPLADES y el escrutinio del antedicho Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (que, por cierto, ha recibido el respaldo de la derecha tradicional e incluso de los vilipendiados medios de comunicación).
° En efecto, el soporte conceptual de la “Ley SENPLADES” es el neoinstitucionalismo; para el caso, una postura regulatoria del mercado orientada a equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra calificada o semicalificada mediante el control vertical de la educación superior, en una aplicación de lo que Noam Chomsky denomina neomercantilismo corporativo dependiente. En la propuesta bajo análisis, la visión neoinstitucional/neomercantilista –inaugurada en los países céntricos cuando el capitalismo industrial ensayaba sus primeros pasos- cobra la forma de una vinculación subalterna e inextricable de los centros superiores al susodicho Plan de Desarrollo y a una amplia gama de principios, algunos de ellos peregrinos y contradictorios, así como a incontables disposiciones de corte reglamentario. Casi huelga señalar que la proforma de la SENPLADES, en caso de ser refrendadas por la Asamblea Nacional, convertiría a los referidos establecimientos, tanto públicos como privados, en entidades reflejas del Ejecutivo y de sus instancias de planificación y de evaluación de marcada tesitura empirista.
° El elemento medular del proyecto de la SENPLADES es que articula de modo transversal a las actividades de los institutos de educación superior con el Plan Nacional del Desarrollo que, de este modo, devendría una suerte de Biblia laica, portadora de la Buena Nueva del progreso-económico-y-social para los infieles de estas latitudes. Amén de reguladora de las resantificadas “leyes” o “fuerzas” del mercado.
° Este esquema teológico/neoinstitucionalista se viabilizaría mediante la creación de una Secretaría Técnica, un Consejo Nacional de Ciencias y una Agencia de Acreditación y Aseguramiento de Calidad, organismos superpuestos al actual Consejo Nacional de Universidades y Politécnicas (CONESUP) y controlados verticalmente por el Ejecutivo. La puesta en marcha de este organigrama supondría la etapa superior del metropolitano Proyecto Tuning, al cual identificáramos en “El desembarco invisible” como el manual para la funcionalización del tercero y cuarto nivel formativo de las naciones periféricas.
° Esta salida neoinstitucionalista/correísta a los agudos problemas de la educación superior del país y del desempleo de sus graduados, expresiones –repetimos- del capitalismo contrahecho y subalterno del Ecuador, ha generado el rechazo generalizado de las universidades y politécnicas, particularmente porque elimina de cuajo los principios de autonomía organizativa, libertad de investigación y libertad de cátedra, consustanciales no solo a la universidad latinoamericana y ecuatoriana.
° Según Francisco López Segrera: “La autonomía no es una concepción nueva. Ha sido una concepción desde el origen mismo de la Universidad. El papel autonómico de la Universidad ya se consideraba en el conjunto de leyes más antiguas sobre esta institución que aparecen en las Siete Partidas del Rey Alfonso X El Sabio (1256-1263). La Carta Magna de las universidades europeas (Universidad de Bolonia, 1988), antecedente de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, establece que la Universidad es una ‘institución autónoma’ que ‘produce, examina, valora y ofrece cultura, mediante la investigación y la enseñanza”. ¡Si quieren copiar, al menos copien algo que valga la pena! Por lo demás, la experiencia latinoamericana/ ecuatoriana ha demostrado que las universidades dan sus mejores frutos cuando las anima un espíritu libertario y de servicio a la nación.
° Un planteamiento aparentemente positivo de la Ley SENPLADES se relaciona con la intención de transformar a la actual universidad profesionalizante en una que privilegie la investigación básica. ¿Por qué aparentemente positivo? Respuesta: a) porque la realidad siempre es más compleja de lo que aparece a primera vista y b) porque más bien creemos que el referido mecanismo legal no está pensando en función de respaldar un sistema de investigación científico-técnica de signo liberacionista. Veamos al respecto lo que escribiera hace casi cuatro décadas el matemático uruguayo Mario Wschebor: “La idea básica que recorre las páginas de este libro, es la de que la política cultural del imperio es un aspecto parcial y complementario de la dominación política y económica que padecen los pueblos latinoamericanos a manos de los E.U… En realidad, el problema consiste en que el sistema capitalista ha organizado el mundo de tal modo que los frutos del progreso científico y tecnológico no son utilizables para la gran mayoría de la población del globo, y que el sometimiento de nuestra cultura es una consecuencia de esta situación, a la vez que un instrumento para mantenerla. La lucha por modificar este panorama, por lo tanto, es un capítulo de la lucha más general para sacudirnos el yugo imperialista y organizar de una manera más racional nuestros recursos. Sólo de esta manera será posible un efectivo progreso en el campo de la ciencia”.
° En relación a la libertad de cátedra declarativamente reconocida por el Anteproyecto, nos remitimos a nuestro juicio ya enunciado en este mismo texto, según el cual, en estos oscuros tiempos que vive el Ecuador, las grandes verdades sobre el hombre y su destino parece que habría que buscarlas, ya no en el discurso de las inmensas figuras de la humanidad, sino en las tediosas páginas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Realismo mágico o realismo trágico?
René Báez
Universidad Central
No hay comentarios:
Publicar un comentario